CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) tras acreditar violaciones graves de derechos humanos cometidas por personal naval contra un civil en Matamoros, Tamaulipas, durante un operativo realizado en enero de 2024.

De acuerdo con la investigación del organismo autónomo, la víctima denunció que fue interceptada en el poblado La Capilla, donde elementos de la Marina la retuvieron, sometieron y agredieron físicamente mientras la interrogaban sobre la carga que transportaba en el vehículo que conducía. La unidad, propiedad de un tercero, fue incendiada por los marinos, lo que provocó su pérdida total.

Tras analizar testimonios, peritajes y demás evidencias integradas al expediente, la CNDH determinó que también se vulneró la seguridad jurídica de la persona afectada, al registrarse la destrucción arbitraria de bienes muebles y de propiedad privada, hechos atribuibles a servidores públicos de la Semar. Estos actos configuran violaciones graves de derechos humanos, particularmente al derecho a la integridad personal y a la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El organismo defensor de garantías fundamentales indicó que los dictámenes médicos y psicológicos elaborados por su personal especializado corroboraron que las lesiones presentadas por la víctima son congruentes y contemporáneas con su relato de los hechos. Por ello, la Secretaría de Marina deberá colaborar en los procedimientos necesarios para la reparación integral del daño, así como asegurar la atención médica y psicológica que requieran las víctimas.

Además, la recomendación establece que la dependencia naval deberá coadyuvar con el seguimiento de la carpeta de investigación que se encuentra en trámite ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como con el procedimiento administrativo que se inicie en el Órgano Interno de Control de la propia Semar, derivado de estos acontecimientos.

Como medida de no repetición, la CNDH ordenó que, en un plazo máximo de dos meses, la Secretaría de Marina emita una circular dirigida a su personal operativo en Matamoros. En ese documento se deberá instruir que la revisión de vehículos y la retención de personas se realicen únicamente bajo estricto apego a los derechos humanos y al marco legal vigente, con el objetivo de evitar nuevas violaciones graves de derechos humanos durante tareas de seguridad pública.