SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó el reconocimiento jurídico del ejido Nuevo Cruz del Palmar y con ello cerró un conflicto agrario que se extendió por más de ocho décadas entre comunidades indígenas del municipio de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Durante el acto oficial, la titular del Ejecutivo federal entregó la documentación agraria que da sustento legal al nuevo núcleo ejidal, ubicado a unos 12 kilómetros del centro histórico de la ciudad. La acción, explicó, forma parte de los compromisos asumidos dentro del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro.

Sheinbaum Pardo subrayó que la resolución del conflicto no sólo representa un acuerdo territorial, sino también un acto de reconocimiento del Estado mexicano hacia los pueblos originarios, así como una exigencia permanente de perdón por siglos de despojo y exclusión. Recordó que este enfoque fue impulsado desde el inicio del sexenio anterior, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador promovió el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui como un acto de memoria histórica.

“Es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de las tierras (indígenas). Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador… Inició con el Plan de Justicia del pueblo Yaqui. Inició pidiendo perdón no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasar que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios. Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón. Y vamos a seguir insistiendo en ello”, expresó.

El ejido Nuevo Cruz del Palmar cuenta con una superficie de 569 hectáreas y pone fin a la disputa histórica entre el ejido La Petaca y la comunidad de La Cruz del Palmar. En el evento, la mandataria federal entregó el expediente agrario y el padrón vigente de ejidatarios, con lo que quedó formalmente constituido el nuevo ejido dentro del municipio.

La presidenta explicó que este avance se inscribe en el contexto de la Cuarta Transformación, etapa en la que, por primera vez desde la Independencia, la Constitución reconoce plenamente a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho, con autonomía y capacidad de decisión sobre sus territorios.

Detalló que la reforma constitucional de 2024 marcó un parteaguas, al incorporar de manera explícita derechos que no fueron contemplados en las constituciones surgidas tras la Independencia, la Reforma ni la Revolución. Dijo que este reconocimiento responde a la lucha histórica de los pueblos originarios y a una visión de Estado sustentada en el humanismo mexicano.

“Nunca se reconoció en esas tres constituciones a los pueblos indígenas…. Es ahora en la 4T, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas, por primera vez en toda la historia, ahí se reconocen la autonomía de los pueblos, los derechos plenos de las comunidades indígenas”, afirmó.

Entre los resultados del Plan de Justicia, la jefa del Estado mexicano destacó la solución definitiva del conflicto agrario, la recuperación de la capilla del Puerto de Calderón como parte del rescate del patrimonio cultural y espiritual, así como acciones en materia social y de bienestar.

Enumeró la construcción de cinco comedores escolares, la realización de un encuentro regional de parteras y la operación del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, respaldado por una normativa que reconoce la relevancia histórica y social de esta labor.

Además, informó que 712 jóvenes han sido beneficiados mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se han otorgado 1,123 apoyos de vivienda y las comunidades indígenas han sido incorporadas tanto a los programas sociales existentes como a los de reciente creación.

Finalmente, resaltó la implementación del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un derecho constitucional que garantiza presupuesto directo anual para todas las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, como parte de una política de justicia social de largo alcance.