San Juan.- Miles de habitantes de Puerto Rico enfrentan restricciones en el suministro de agua mientras la isla atraviesa una sequía que ha llevado a niveles críticos a la represa Carraízo, al mismo tiempo que organizaciones civiles y especialistas advierten sobre cambios legales que podrían debilitar la protección de recursos naturales.

La falta de agua ha obligado a familias del norte de la isla a recurrir a camiones cisterna para abastecerse, después de periodos de racionamiento que, en algunos casos, se han prolongado hasta dos meses. La situación ha sido atribuida a la sequía, el deterioro de los sistemas de distribución y problemas en la gestión gubernamental.

La represa Carraízo, localizada en Trujillo Alto, a unos 10 kilómetros al sureste de San Juan, se encuentra en nivel crítico y cerca de quedar fuera de operación por la disminución de sus reservas. La tormenta Dolly, registrada durante el fin de semana, aportó precipitaciones que ayudaron parcialmente a aliviar las condiciones de sequía.

En paralelo, más de 30 mil personas participaron la semana pasada en una marcha en Cabo Rojo contra Esencia, un megaproyecto respaldado por el gobierno que contempla viviendas con precios desde 3 millones de dólares, además de hoteles y hospitales privados. Los manifestantes cuestionan el posible impacto sobre el agua, la costa y la biodiversidad de la zona.

Las protestas y la crisis de suministro coinciden con nuevas advertencias sobre modificaciones a la legislación ambiental. Durante la Asamblea Anual de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el abogado ambientalista y profesor jubilado de derecho Pedro Saadé Lloréns sostuvo que el país enfrenta una reducción de sus mecanismos de protección.

“Si antes era importante el rol del periodismo, y en particular del periodismo ambiental, más importante es ahora”, afirmó.

Según Saadé, iniciativas legislativas buscan trasladar atribuciones de organismos como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Instituto de Cultura Puertorriqueña hacia el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo el argumento de agilizar procedimientos.

También señaló que dos proyectos podrían otorgar a esa dependencia comercial decisiones relacionadas con la conservación de especies protegidas y la evaluación de hallazgos arqueológicos. Advirtió que estos cambios podrían facilitar procesos de privatización en zonas costeras.

El ingeniero Abel Vale Nieves, presidente de Ciudadanos del Karso, expresó preocupación por el Proyecto de la Cámara 1079, que modificaría el reconocimiento legal del carso, una formación geológica que ocupa 27 por ciento del territorio puertorriqueño y concentra la principal reserva de agua subterránea de la isla.

“Cada sumidero que se sella y cada zona de recarga que se pavimenta son aguas que este país no va a tener en la próxima sequía, y ya sabemos lo que eso significa”, advirtió Vale Nieves.

El especialista indicó que 40 científicos y 8 mil 774 ciudadanos han solicitado la realización de vistas públicas sobre el proyecto. “Ya no se trata sólo de un reclamo ciudadano: los científicos que llevan décadas estudiando estos sistemas lo pusieron por escrito y lo firmaron… Si los proyectos son tan buenos como sostienen sus autores, que resistan el escrutinio público”.

Vale Nieves advirtió que los cambios relacionados con el carso podrían coincidir con una reforma general en materia de permisos que daría mayor peso a la nueva legislación frente a otras normas ambientales.

El debate ocurre en medio de problemas económicos y demográficos. Puerto Rico cuenta con una población de alrededor de 3.22 millones de habitantes, tras una reducción cercana a 17 por ciento desde 2004, mientras entre 41 y 43 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza.

La semana también estuvo marcada por el cierre de la gira Debí tirar más fotos de Bad Bunny en San Juan. El artista, antes de interpretar De aquí nadie me saca, declaró: “Este caos, este desastre, es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones. Para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos, y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte y cumplir su misión de un Puerto Rico sin puertorriqueños”.