Ciudad de México – La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, ordenó la remoción de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, luego de que se detectaran inconsistencias en el operativo que derivó en el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide.

La salida del funcionario fue confirmada el 25 de septiembre por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien explicó que la decisión estuvo relacionada con anomalías en el procedimiento.

Entre las irregularidades señaladas se encuentra que el operativo se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera presentado públicamente como un aseguramiento histórico.

El caso se originó a partir de una investigación iniciada el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. Las diligencias posteriores llevaron a cateos en distintos inmuebles, incluido uno ubicado en San José Iturbide.

De acuerdo con la FGR, en el inmueble fueron localizados 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburos, distribuidos en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de diésel. También fueron asegurados vehículos, contenedores y documentación contable.

Sin embargo, las autoridades aún no han determinado de manera definitiva que todo el combustible constituya huachicol. La FGR informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación para revisar la documentación de las empresas involucradas y verificar la propiedad, procedencia y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la revisión continúa y que todavía debe determinarse si los permisos y documentos presentados por la empresa acreditan legalmente el origen y manejo del combustible.

La investigación permanece abierta, por lo que las autoridades aún deberán establecer si existieron delitos relacionados con hidrocarburos, posibles irregularidades administrativas o inconsistencias en el propio operativo.