Ciudad de México – Una jueza federal vinculó a proceso al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete imputados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol ferroviario, y delincuencia organizada.

La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal.

La determinación se dio al término de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas y que se llevó a cabo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación ubicadas junto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”.

Como parte de la resolución judicial, la jueza ordenó que Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanezcan en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso en su contra.

En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria, luego de que la autoridad judicial tomó en cuenta los problemas de salud que presentan. Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará internada en el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, donde permanece desde su detención.

Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el pasado 16 de julio, mientras que el resto de los imputados fueron capturados entre ese día y la madrugada del 17 de julio durante un operativo encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la investigación de la FGR, los acusados habrían integrado una organización dedicada al contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos hacia México, utilizando una red de empresas para simular operaciones comerciales y ocultar el verdadero destino de los hidrocarburos.

La Fiscalía sostiene que Ernesto Ruffo Appel y sus presuntos colaboradores diseñaron un esquema que involucró 11 empresas, mediante el cual ingresaron ilegalmente al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel, transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

Según la orden de aprehensión, la organización realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, Texas, donde se ubica la refinería propiedad de Pemex en ese estado estadounidense. El combustible era enviado a la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es señalado como consignatario, mientras que la compañía Internacional de Fundentes aparecía como destinataria final de los cargamentos en territorio mexicano.

Las investigaciones también establecen que Internacional de Fundentes ya era objeto de indagatorias por presuntamente haber falsificado documentación para introducir al país mayores volúmenes de hidrocarburos que los autorizados por las autoridades. De acuerdo con la carpeta de investigación, la empresa obtuvo cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina.

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República continuará el desarrollo de la investigación complementaria para reunir más pruebas que sustenten las acusaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, mientras la defensa de los imputados podrá presentar los elementos que considere pertinentes durante el proceso judicial.