CIUDAD DE MÉXICO.- La ex secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Suárez, sostuvo que las estructuras administrativas del sistema electoral han incrementado su gasto de manera sostenida durante más de tres décadas, sin una correlación clara entre funciones, tamaño organizacional y eficiencia operativa. Al participar en una audiencia de la comisión presidencial para la reforma electoral, la especialista afirmó que el actual modelo requiere una revisión profunda, particularmente en lo relacionado con el gasto salarial en órganos electorales, un tema que calificó como urgente ante el crecimiento descontrolado de recursos destinados a nómina.

La funcionaria explicó que, desde finales de los años noventa, el presupuesto del entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente del INE ha mostrado incrementos constantes impulsados por reformas electorales, coyunturas políticas y nuevas responsabilidades administrativas. Recordó que “entre 10 a 15 mil millones de pesos” eran suficientes para operar en los años previos a la creación del INE, pero hoy el instituto supera los 20 mil millones anuales, una tendencia que, dijo, no se ha detenido.

Suárez entregó su ponencia al coordinador de la comisión presidencial, Pablo Gómez, donde detalló que desde 2014 el gasto de personal en las 300 juntas distritales se disparó de 56 por ciento en 2021 a 69 por ciento en 2024. Agregó que esta presión salarial también se refleja en las oficinas centrales, donde unas cuantas áreas absorben más de la mitad del presupuesto total, mientras que menos de una quinta parte del personal pertenece al Servicio Profesional Electoral.

Durante su intervención señaló que el peso de la nómina compromete la operación del sistema electoral. “La constante es inequívoca: entre 63 y 69 por ciento del presupuesto se destinó a servicios personales, casi las dos terceras partes”, afirmó. En su análisis, mantener la estructura actual traerá costos crecientes, reducción de agilidad institucional y mayores tensiones para el personal.

La ex servidora pública subrayó que el mismo fenómeno se observa en los organismos públicos locales electorales (Oples). En conjunto, apuntó, los Oples ejercen casi el 60 por ciento del presupuesto del INE y, durante los años electorales, su gasto en nómina ronda los 4 mil millones de pesos. A pesar de los avances en profesionalización, reconoció que las plantillas se volvieron más rígidas y heterogéneas, lo que hace necesario replantear la organización.

Suárez expuso que una reestructuración administrativa permitiría generar ahorros de entre 25 y 35 por ciento del gasto anual, tanto en el ámbito federal como en los institutos electorales estatales. Precisó que esta propuesta no busca eliminar lo que funciona bien, sino “actualizar la brújula” para modernizar el sistema y evitar presiones presupuestales futuras.

En su diagnóstico recordó que el INE ejerció 18 mil 369 millones de pesos en 2021, año de elección intermedia; 12 mil 271 millones en 2022, año no electoral; y 21 mil 691 millones en 2024. La ex secretaria enfatizó que este comportamiento financiero confirma la necesidad de revisar el gasto salarial en órganos electorales para garantizar un servicio más eficiente, sostenible y menos presionado por el incremento de costos administrativos.