CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones rurales de diversos estados urgieron a replantear la política comercial agrícola y demandaron que los granos básicos queden fuera de la renegociación del T-MEC, ante la creciente dependencia de México de maíz importado. Con más de 21 millones de toneladas adquiridas del exterior en los últimos diez meses, señalaron que esta situación coloca en desventaja al campo nacional frente a productores de Estados Unidos, quienes acceden a créditos más accesibles y mayores apoyos.

En conferencia de prensa, integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) recordaron que la estructura agrícola mexicana se debilitó desde el acuerdo comercial de 1992, el cual, afirmaron, priorizó al sector manufacturero y dejó sin respaldo suficiente a los productores. José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, sostuvo que “la negociación del TLCAN (1992) se hizo a costa del campo mexicano”. Añadió que mientras el precio del maíz en la Bolsa de Chicago se mantiene entre 3 mil 400 y 3 mil 600 pesos por tonelada, los apoyos públicos permiten llegar a 6 mil 150 pesos.

Aunque la exclusión de los granos básicos del T-MEC parece compleja, José Dolores López Barrios, de la CIOAC, consideró viable que la medida se implemente gradualmente. Propuso un nuevo modelo agrícola sustentado en tres pilares: fortalecer la comercialización, mejorar el acceso al crédito y ampliar programas orientados a la producción de alimentos.

A su vez, José María Oviedo, de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, señaló que la agricultura no debe incluirse en tratados comerciales ni en la Organización Mundial del Comercio. Afirmó que “no pueden ser utilizados los alimentos como se están utilizando hoy día, como elementos fundamentales de guerra”, en referencia a la especulación internacional.

En materia hídrica, Francisco Yasser Chew Plascencia, del Movimiento Social por la Tierra, advirtió inconsistencias en las iniciativas para reformar la Ley de Aguas Nacionales y crear una nueva Ley General de Aguas. Explicó que, aunque se busca limitar concesiones y frenar el mercado del agua, buena parte del marco legal de 1992 permanece sin cambios. Por ello planteó reformar el artículo 27 constitucional, a fin de restituir los derechos de agua a pueblos indígenas, comunidades y ejidos.