CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que la empresa Silza incurrió en múltiples negligencias que derivaron en la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia, tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre y que dejó 31 personas sin vida y 59 lesionadas.

De acuerdo con la fiscal Bertha Alcalde, las investigaciones periciales determinaron que la compañía incumplió con diversas normas de seguridad y gestión de riesgos, entre ellas la falta de exámenes médicos al conductor Fernando Soto Munguía, quien trabajó hasta 16 horas en un lapso de 24 sin la capacitación adecuada.

La funcionaria explicó que los reportes internos de Silza evidencian que el chofer manejó seis horas y 20 minutos con apenas 15 minutos de descanso, pese a que la normativa establece pausas mínimas de 30 minutos por cada cuatro horas de trayecto. Además, el análisis de seguridad industrial reveló tres incidencias por exceso de velocidad el mismo día del siniestro.

“El conductor llevaba 6 horas con 20 minutos conduciendo y sólo tomó 15 minutos de descanso, cuando la norma establece que debe hacerlo 30 minutos por cada 4 horas de trayecto”, precisó la fiscal.

La velocidad máxima permitida para estas unidades es de 80 kilómetros por hora, pero los registros de la empresa muestran que se rebasó ese límite. Al perder el control, la pipa sufrió daños que provocaron la fuga del combustible y una onda expansiva de 180 metros de diámetro. Aunque el fuego se originó desde el exterior del vehículo, aún no se determina qué causó la ignición inicial.

Alcalde indicó que hasta el momento se han realizado 273 peritajes y que los resultados presentados corresponden a la primera etapa de la indagatoria. La FGJ continuará con el proceso para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas. Sin embargo, si los afectados no aceptan los acuerdos propuestos, se prevé formular imputaciones por homicidio, lesiones y daños culposos.

Finalmente, la titular de la FGJ señaló que siguen abiertas las mesas de diálogo con la empresa responsable, aunque advirtió que sería “irresponsable” definir un monto económico antes de revisar cada caso individualmente.