CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República determinó mantener vigente el acuerdo interno que regula la administración de recursos materiales, servicios generales y procesos de contratación, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las disposiciones en materia presupuestal y de gasto público.

La institución informó, a través del Diario Oficial de la Federación, la ampliación de la vigencia del Acuerdo A/OM/06/2025, instrumento que establece los lineamientos para la regulación, planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control tanto de obra pública como de servicios relacionados. Con esta decisión, la FGR busca evitar vacíos administrativos y asegurar el funcionamiento ordinario de sus áreas sustantivas y de apoyo.

El acuerdo, autorizado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la fiscalía, asigna a la coordinación administrativa la responsabilidad directa de supervisar que las unidades vehiculares se conserven en condiciones físicas y mecánicas adecuadas. Este punto adquiere especial relevancia debido a que, en dos ocasiones durante los últimos seis meses, se han cancelado los procedimientos de licitación para el arrendamiento de vehículos, lo que ha obligado a reforzar las tareas de mantenimiento del parque vehicular existente.

Además, el documento contempla facultades específicas para la Unidad de Servicios Generales, Transportes y de Apoyo, la cual podrá autorizar reparaciones cuyo costo alcance hasta el 50 por ciento del valor de un vehículo, siempre que las justificaciones presentadas por las áreas solicitantes se consideren válidas. Asimismo, se establece que el monto acumulado de reparaciones realizadas en los seis meses previos no debe rebasar ese mismo límite, como mecanismo de control del gasto.

La ampliación del acuerdo regulatorio de la FGR sobre presupuesto y contrataciones permite mantener vigentes las reglas internas en un contexto de ajustes administrativos y procesos de adquisición inconclusos. Con ello, la fiscalía busca asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y la continuidad de los servicios institucionales, particularmente en áreas clave como transporte, arrendamientos e inmuebles.

El acuerdo regulatorio de la FGR sobre presupuesto y contrataciones continuará siendo el marco de referencia para las decisiones administrativas mientras se normalizan los procesos de licitación y adquisición en la institución.