Ciudad de México – El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada después de que la Fiscalía General de la República (FGR) no consiguió acreditar ante un juez federal que hubiera encabezado una red criminal dedicada a la venta irregular de terrenos propiedad del estado durante su administración, entre 2011 y 2016.

La resolución fue emitida por el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, quien concluyó que las pruebas presentadas por la FGR fueron insuficientes para demostrar la existencia de una organización delictiva encabezada por el exmandatario quintanarroense.

De acuerdo con la sentencia, la Fiscalía tampoco logró acreditar vínculos delictivos entre los presuntos participantes ni demostrar que las empresas involucradas en las operaciones inmobiliarias fueran compañías fachada.

El caso se centraba en la presunta venta irregular de 18 predios pertenecientes a reservas territoriales de Quintana Roo.

Según las investigaciones federales, dichos inmuebles, ubicados en municipios como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco, habrían sido comercializados a precios considerablemente inferiores a su valor real, ocasionando un presunto daño patrimonial estimado en alrededor de 850 millones de pesos para las finanzas estatales.

La FGR sostenía que los terrenos tenían un valor superior a los mil millones de pesos y fueron vendidos por apenas una fracción de esa cantidad.

A pesar de esta absolución, Roberto Borge no recuperará plenamente su libertad.

El ex gobernador continúa sujeto a otro proceso penal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el cual permanece bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. La medida cautelar fue autorizada previamente por autoridades judiciales mientras continúa el desarrollo de dicho procedimiento.

Borge fue detenido en Panamá en junio de 2017 cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Europa.

Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversas acusaciones relacionadas con corrupción, desempeño irregular de la función pública, peculado y operaciones financieras presuntamente ilícitas cometidas durante su gestión al frente del gobierno de Quintana Roo.