Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó este 2 de octubre que cuenta con diversos datos de prueba que, según la institución, vinculan al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, con una investigación por presunto contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

En su comunicado 670/26, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que la indagatoria reúne dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos.

La dependencia sostiene que estos datos apuntan a la participación de Ernesto “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de Ingemar, empresa de la que, de acuerdo con la propia FGR, posee 49 por ciento de las acciones y en la que se desempeñó como secretario del Consejo de Administración.

Según la Fiscalía, la investigación permitió identificar una red que presuntamente utilizaba ferrotanques para transportar combustible mediante Ingemar, compañía relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos. La autoridad también reportó que la empresa registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que consideró incongruentes con su perfil fiscal.

Uno de los elementos señalados por la FGR está relacionado con los volúmenes declarados en los pedimentos de importación. La institución afirmó que Ernesto “N” reconoció en entrevistas tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados por un volumen de apenas 10 mil litros.

El proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente, que deberá valorar los elementos presentados y determinar lo que corresponda conforme a derecho. La FGR recordó que la investigación se encuentra sujeta a las reglas de reserva previstas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, la Fiscalía enfatizó que Ernesto “N” mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

El exgobernador dejó recientemente el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, para continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, una modificación de la medida cautelar que, según la FGR, no implica la suspensión ni el cambio del proceso penal.