Ciudad de México – A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, autoridades federales presentaron nuevas líneas de investigación que apuntan a posibles vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías y servidores públicos de Iguala, Guerrero, así como establecimientos funerarios que pudieron haber sido utilizados para ocultar evidencias.

Durante la presentación de avances del caso, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial para la investigación, Mauricio Pazarán, informaron que un nuevo análisis de registros telefónicos de 2014 y 2015 permitió identificar a 17 personas que anteriormente no habían sido consideradas en la investigación. El análisis incluyó alrededor de 80 mil cruces de comunicaciones.

Una de las principales líneas se relaciona con la Funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. En cateos realizados desde 2025, las autoridades localizaron un fémur humano, restos óseos, piezas dentales, documentación con sellos y firmas oficiales sin llenar y un horno crematorio sin registro oficial. Posteriormente fueron encontrados cientos de fragmentos óseos y otros indicios que continúan bajo análisis científico.

Sin embargo, ninguno de los restos localizados en estas instalaciones ha sido identificado hasta ahora como perteneciente a alguno de los 43 normalistas.

Uno de los restos humanos recuperados en marzo de 2026 fue identificado genéticamente, pero correspondió a una persona distinta de los estudiantes desaparecidos.

Otra línea de investigación corresponde a los teléfonos celulares de los normalistas. La Fiscalía informó que algunos aparatos continuaron siendo utilizados después de la noche del 26 de septiembre de 2014. Entre los casos mencionados están los teléfonos de Julio César Mondragón, Jorge Antonio Tisana Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez, cuyos dispositivos habrían terminado en manos de personas vinculadas con autoridades locales o con la funeraria investigada.

Las autoridades también investigan posibles irregularidades relacionadas con las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Por ahora, estas líneas forman parte de una investigación en curso y no constituyen por sí mismas una conclusión definitiva sobre el destino de los 43 estudiantes.

El análisis de los restos, comunicaciones y demás indicios continúa para determinar su relación con los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.