Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) implementó este miércoles cambios en su estructura orgánica encauzados a la creación de nuevas fiscalías entre las que destacan una dedicada al seguimiento de recomendaciones y quejas en materia de derechos humanos, así como otra enfocada en la atención de personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Asimismo, se reactivará la fiscalía encargada de investigar delitos sociales y políticos del pasado, con el objetivo de revisar casos ocurridos entre 1965 y 1990.

Esta información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y la reforma al estatuto orgánico forma parte del proceso de transformación que atraviesa la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, quien presentará su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Según la publicación, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado (Feidspp) tendrá la atribución de intervenir en la investigación y, en su caso, en la persecución de casos vinculado con violaciones graves a los derechos humanos, delitos sociales y políticos del pasado y otros asuntos de relevancia histórica, en particular los ocurridos entre 1965 y 1990, así como aquellos que se le asignen por su importancia institucional.

Esta fiscalía dará continuidad a los trabajos llevados a cabo por una instancia con el mismo nombre durante el gobierno de Vicente Fox, la cual llevó a juicio, sin sentencia condenatoria, al ex presidente Luis Echeverría por las masacres suscitadas el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

A su vez, la Feidspp podrá llevar a cabo investigaciones bajo estándares reforzados de debida diligencia, incorporar análisis de contexto, impulsar la búsqueda de la verdad y trabajar de manera coordinada en los rubros de documentación histórica y sistematización de información relevante para esclarecer los hechos.

Por otra parte, la Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tendrá entre sus funciones participar en la investigación y persecución de delitos federales en los que personas de dichas comunidades estén involucradas como víctimas, ofendidas o imputadas, garantizando la protección de sus derechos y el acceso a la justicia.