Ciudad de México – La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que exista una persecución política en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y aseguró que la investigación y el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, conocida como “huachicol” ferroviario o “huachicol fiscal”, están sustentados en pruebas y se desarrollan con estricto apego a la ley.

A través de un comunicado, la institución respondió a las declaraciones del exmandatario panista, quien ha sostenido que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas. La FGR afirmó que las investigaciones se realizan sin sesgos de ninguna índole y con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de los imputados.

La dependencia federal indicó que la causa penal deriva de una investigación relacionada con una presunta red dedicada al ingreso irregular de combustibles al país mediante operaciones ferroviarias y esquemas de subdeclaración aduanera, con el objetivo de evadir el pago de impuestos y comercializar hidrocarburos de manera ilícita.

De acuerdo con la FGR, durante la audiencia en la que Ruffo Appel fue vinculado a proceso, el Ministerio Público presentó 96 datos de prueba, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial para determinar que existían elementos suficientes para que el exgobernador enfrentara el proceso penal. La institución enfatizó que la decisión fue tomada por un juez y no por la Fiscalía.

La Fiscalía también rechazó los señalamientos de que la investigación responda a las ideas políticas, militancia o trayectoria pública de Ruffo Appel.

Sostuvo que el expediente se integra exclusivamente con elementos de carácter jurídico y técnico obtenidos durante las indagatorias, por lo que descartó cualquier motivación distinta al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, Ernesto Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones y sostiene que es inocente de los delitos que se le imputan. Mientras tanto, el proceso judicial continuará conforme a las etapas previstas en el sistema penal acusatorio, en las que el Ministerio Público deberá acreditar su responsabilidad y la defensa tendrá la oportunidad de presentar las pruebas que considere pertinentes.