CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó un espacio académico para impulsar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a través del diplomado “Saberes jurídicos, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cambio legal”. La iniciativa contó con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien destacó la importancia de la formación jurídica en esta etapa del país.

Durante su intervención, Aguilar Ortiz subrayó: “Estamos en un momento importante para los pueblos indígenas, hemos logrado tener la atención de toda la nación, hemos logrado ocupar espacios de toma de decisión y la participación de los representantes de los grupos originarios se vuelve crucial”, al referirse a la necesidad de encontrar soluciones legales que garanticen la aplicación de la reforma al artículo 2º constitucional aprobada en 2024.

El diplomado reunió a estudiantes de 17 entidades federativas, pertenecientes a comunidades como Cochimi, Tsotsil, Rarámuri, Nahua, Cora, Otomí, Mixe, Mazahua, Purépecha, Wixárika, Totonaco, Maya, Chinanteco y afromexicanas. En este contexto, Aguilar Ortiz resaltó que “en esta nueva etapa que vive el país” este tipo de programas permitirá formar profesionales capacitados para proteger los derechos de los pueblos originarios y asegurar la correcta implementación de las reformas legales, beneficiando a la población indígena y afromexicana.

Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, recordó que, de acuerdo con datos del INEGI, cerca de 33 millones de personas en México se reconocen como indígenas, mientras que casi 3 millones más se identifican como afrodescendientes, representando aproximadamente un tercio de la población nacional. No obstante, destacó que estas comunidades enfrentan importantes rezagos en educación, empleo y salud.

Hugo Aguilar enfatizó que los miembros de las comunidades originarias tienen “una gran oportunidad de aterrizar el artículo segundo” y subrayó la necesidad de contar con liderazgos, autoridades, abogados y promotores capaces de presentar “casos con planteamientos novedosos, que busquen aquellos apartados del artículo segundo, que necesiten un pronunciamiento y un criterio sólido”, para que la Corte pueda emitir sus decisiones y fortalecer los derechos indígenas y afromexicanos en México.