Washington D. C.- Un tribunal federal de apelaciones impidió que el Gobierno del presidente Donald Trump aplicara, por el momento, una orden ejecutiva que pretendía modificar las condiciones del voto por correo en 23 estados de cara a las elecciones legislativas de noviembre, un proceso en el que estará en disputa el control del Congreso de Estados Unidos.

La resolución fue emitida por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que decidió mantener vigente la suspensión temporal dictada previamente por una jueza federal. Con ello, la administración estadounidense no podrá implementar de inmediato las disposiciones contempladas en la orden mientras continúa el litigio en los tribunales.

La controversia surgió después de que una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia promoviera una demanda para impugnar la medida presidencial. Entre las entidades que encabezaron la acción legal se encuentran California, Massachusetts, Nevada y Washington, al considerar que la orden excede las facultades del Ejecutivo federal y podría afectar la organización de los próximos comicios.

Durante el proceso, el Departamento de Justicia solicitó que se levantara la suspensión provisional al sostener que el recurso legal era anticipado, debido a que las dependencias federales involucradas todavía no concluían el diseño de las acciones necesarias para ejecutar la orden.

Sin embargo, los magistrados determinaron que los gobiernos estatales no podían esperar a que concluyera ese proceso administrativo, ya que debían avanzar con la preparación de las elecciones. En el fallo señalaron: “Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”.

La decisión ratifica el criterio emitido previamente por la jueza federal Indira Talwani, quien estimó que diversas disposiciones de la orden presidencial probablemente contravienen la Constitución estadounidense.

Entre los argumentos expuestos por la juzgadora destaca que el presidente no cuenta con facultades para instruir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar determinados registros destinados a los estados en materia electoral. Asimismo, concluyó que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) tampoco posee autoridad legal para establecer normas obligatorias relacionadas con el voto por correo.

El caso continuará su curso en las instancias judiciales mientras se resuelve de manera definitiva la legalidad de la orden ejecutiva. Entretanto, las reglas actuales para el voto por correo permanecerán sin modificaciones en los estados involucrados, en un contexto de creciente debate sobre la administración de los procesos electorales en Estados Unidos.