Chihuahua – El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, se encuentra en el centro de la polémica luego de revelarse que figura como socio de una empresa de seguridad privada señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con el Cártel de Sinaloa.

La información surgió tras las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense contra una red de personas y compañías presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero para dicha organización criminal.

La empresa involucrada es Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, firma dedicada a servicios de seguridad privada y creada en 2010.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la compañía estaría bajo el control del empresario Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto operador financiero de una red ligada al Cártel de Sinaloa.

Según documentos del Registro Público de Comercio consultados por medios nacionales, Ricardo Fernández Acosta ingresó formalmente como socio de la empresa en febrero de 2022.

La incorporación ocurrió después de que Jesús Alfredo Orozco Beltrán, uno de los socios fundadores, realizara una cesión de acciones al funcionario y a Liliana Orozco Romero, quien posteriormente también fue sancionada por la OFAC por supuestamente formar parte de la red financiera investigada por autoridades estadounidenses.

Tras darse a conocer la información, Fernández Acosta negó tener conocimiento sobre presuntos vínculos criminales de la empresa y aseguró que fue víctima de un engaño.

En declaraciones retomadas por medios nacionales, el funcionario ofreció respuestas ambiguas respecto a su participación en la compañía y argumentó que no recordaba con precisión los detalles relacionados con su incorporación como socio debido al tiempo transcurrido.

Además de la controversia por su relación empresarial, reportes periodísticos señalan que el subsecretario no habría incluido la totalidad de sus actividades mercantiles en sus declaraciones patrimoniales oficiales, lo que abrió nuevos cuestionamientos sobre transparencia y posibles omisiones administrativas dentro de la función pública.

Hasta el momento, el gobierno de Chihuahua no ha informado si se abrirá una investigación interna o si el funcionario será separado temporalmente de su cargo mientras se esclarece su situación.

Tampoco se ha confirmado la existencia de alguna indagatoria formal por parte de autoridades mexicanas en su contra.