CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con productores que mantenían bloqueadas carreteras en el centro del país. Así lo informó este miércoles el titular de la dependencia, Julio Berdegué Sacristán, quien compartió que el pacto contempla un apoyo conjunto de 950 pesos por tonelada de maíz.

El acuerdo con productores de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, fue cerrado a las dos de la mañana y permitió iniciar el levantamiento de los bloqueos, con la expectativa de que todas las vías quedarán despejadas hacia el mediodía. Según Berdegué Sacristán el objetivo fue garantizar estabilidad al mercado del maíz y proteger el ingreso de los pequeños productores, afectados por la caída de precios internacionales.

El titular de la dependencia explicó que del apoyo de 950 pesos, 800 provendrán del Gobierno de México y 150 de los gobiernos estatales. El programa beneficiará a 20 mil productores de la región, lo que representa subsidio para un millón 401 mil toneladas con un máximo de 200 toneladas por productor, detalló Berdegué Sacristán. 

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los apoyos no serán canalizados a través de organizaciones intermedias, sino de manera directa a los agricultores, como parte de una estrategia más amplia que prioriza a quienes siembran maíz nativo. 

Asimismo, el titular de la Sedar reconoció que uno de los mayores retos del campo mexicano es la falta de certeza sobre los precios al momento de la cosecha. Por ello, se acordó la ampliación del programa Crédito Cosechando Soberanía a los pequeños y medianos productores, con una tasa de 8.5% de interés anual y seguro agropecuario. Así como la creación del Sistema Mexicano y Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que contempla precios de referencia previos a la siembra, acuerdos de comercialización sin intermediarios, reglas claras y un marco jurídico

Finalmente, se acordó la instalación de mesas de diálogo permanentes entre los gobiernos federal y estatales, junto con representantes de los agricultores, para revisar las condiciones de comercialización y definir mecanismos de apoyo que garanticen precios justos y estabilidad en futuras cosechas.