CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) ya formalizó la solicitud de extradición del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos y considerado por las autoridades como el principal operador de un entramado de empresas fantasma que desvió miles de millones de pesos del erario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que su administración no permitirá que delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal queden sin castigo. “Se está pidiendo la extradición. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, declaró, en referencia al caso que involucra también a la conductora de televisión Inés Gómez Mont, esposa del abogado.

Álvarez Puga fue detenido en octubre pasado por agentes migratorios de Estados Unidos (ICE) y permanece bajo custodia en un centro de detención en Miami mientras avanza su juicio migratorio. En México, él y su esposa mantienen dos órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por su presunta participación en el desfalco de casi 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mediante una red de compañías fachada utilizadas para simular servicios.

Documentos del proceso en Estados Unidos revelan que el abogado permanecía en ese país desde antes de que se liberaran las órdenes de captura en su contra. Tras salir a un viaje a Las Bahamas y reingresar por vía marítima sin validación migratoria, su estancia quedó en situación irregular. Sus abogados solicitaron asilo político bajo el argumento de que enfrenta una persecución por sus “posturas políticas conservadoras” y por pertenecer a “un grupo social particular”, alegatos que buscan frenar su expulsión.

La defensa ha logrado dilatar el procedimiento, solicitando audiencias previas y otros recursos para impedir su entrega. Mientras tanto, Gómez Mont continúa prófuga en territorio estadounidense, según estimaciones de la FGR.

La solicitud de extradición llega apenas días después de que Claudia Sheinbaum designara a Ernestina Godoy como nueva fiscal general, una funcionaria cercana a su proyecto político y con una trayectoria marcada por el impulso a investigaciones de alto impacto.

El caso Álvarez Puga será uno de los primeros desafíos de Godoy al frente de la FGR, pues pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para desarticular redes de corrupción vinculadas a élites políticas y económicas que lograron evadir a la justicia durante años.