Morelia, Michoacán – El Congreso de Michoacán declaró persona “no grata” a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, y anunció que tanto ella como varios integrantes de su administración no podrán ingresar al Palacio Legislativo, en una decisión que ha generado controversia política en la entidad.

La medida fue dada a conocer por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Baltazar Gaona García, quien responsabilizó a la alcaldesa y a funcionarios municipales de las afectaciones registradas durante las manifestaciones realizadas en contra de la reforma electoral aprobada recientemente por el Poder Legislativo de Michoacán.

De acuerdo con el legislador, los hechos ocurridos durante las protestas justifican la restricción de acceso al recinto parlamentario.

Gaona García informó que instruirá al personal de seguridad para impedir el ingreso de los señalados y aseguró que cualquier gestión o asunto institucional que requieran realizar deberá atenderse fuera de las instalaciones del Congreso. “Su visita al Congreso no es grata”, declaró al explicar la decisión.

La determinación no solo alcanza a Grecia Quiroz, sino también a varios funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, entre ellos el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo; el secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña; el secretario del Ayuntamiento, Arturo Ramírez Rivas; el secretario de Turismo, Emilio Herrera Cuadra, y la responsable de Comunicación Digital, Martha Alejandra Ávila Ortega.

El conflicto se originó tras las protestas efectuadas contra la reforma electoral de Michoacán, en las que el Congreso acusó a integrantes del gobierno municipal de participar en acciones que ocasionaron daños al inmueble legislativo.

La administración de Uruapan ha manifestado su desacuerdo con las modificaciones electorales y ha adelantado que buscará impugnarlas por las vías legales correspondientes.

La decisión adquiere un significado político especial debido a que Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan en noviembre de 2025, luego del asesinato de su esposo y entonces alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Su nombramiento fue avalado por el propio Congreso michoacano, institución que ahora le impide el acceso a sus instalaciones.

Hasta el momento, la declaratoria de “persona no grata” representa una medida administrativa del Poder Legislativo estatal y se mantiene en el centro del debate político en Michoacán, al enfrentar las posturas del Congreso y del gobierno municipal de Uruapan en torno a las recientes reformas electorales y las manifestaciones que las acompañaron.