León, Guanajuato – Un tribunal de Guanajuato dictó una de las sentencias más severas en la historia judicial del estado al condenar al abogado Édgar Francisco Franco Ríos, responsable del despacho jurídico Punto Legal, a una pena acumulada de mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude cometido en perjuicio de 107 familias de León, quienes perdieron el patrimonio que habían destinado para adquirir una vivienda.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la resolución representa una “sentencia histórica”, no sólo por la magnitud de la pena impuesta, sino porque el juez también ordenó la reparación integral del daño, obligando al sentenciado a devolver los recursos obtenidos de manera ilícita y a indemnizar a las víctimas por las afectaciones materiales y morales sufridas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Franco Ríos operaba a través del despacho Punto Legal, donde ofrecía casas bajo el supuesto esquema de remates bancarios o inmuebles en litigio a precios considerablemente inferiores a los del mercado.

Las propiedades eran promocionadas como oportunidades únicas de inversión, lo que llevó a decenas de personas a entregar importantes cantidades de dinero con la esperanza de obtener una vivienda.

La Fiscalía acreditó durante el juicio que el abogado no tenía facultades legales para comercializar esos inmuebles y que muchas de las propiedades ofertadas ni siquiera podían venderse en las condiciones prometidas. Para convencer a los compradores, presuntamente utilizaba contratos, expedientes, documentación con apariencia legal y referencias notariales que daban la impresión de que las operaciones eran legítimas.

Las autoridades detallaron que la condena deriva de dos sentencias emitidas en fechas distintas. La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó 580 años.

Al acumular ambas resoluciones, la pena total ascendió a mil 18 años y cuatro meses de cárcel por el delito de fraude. Sin embargo, la FGE recordó que el Código Penal de Guanajuato establece un límite máximo de 80 años de prisión efectiva, por lo que esa será la pena máxima que podrá compurgar el sentenciado.

Además de la sanción privativa de la libertad, el juez ordenó el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de reparación del daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados, sumando más de 33 millones de pesos que deberán destinarse a resarcir a las víctimas.

La investigación reveló que el fraude afectó directamente a 107 personas, aunque las autoridades han señalado que existieron más posibles afectados por el mismo esquema inmobiliario.

La Fiscalía destacó que el trabajo del Ministerio Público permitió acreditar cada uno de los casos presentados ante los tribunales y reiteró que continuará impulsando las acciones necesarias para garantizar el pago de la reparación del daño.