CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, intentó bloquear la actuación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la resolución de dos juicios relacionados con créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales suman más de 34 mil 373 millones de pesos entre impuestos, multas, actualizaciones y recargos.

La empresa presentó dos recursos de impedimento, un mecanismo legal diseñado para separar a los jueces de un caso cuando existe riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Elektra solicitó que los nueve ministros del Pleno fueran declarados impedidos en el análisis de dos amparos, incluido el más cuantioso que enfrenta, correspondiente al crédito fiscal de 2013, que asciende a más de 33 mil 306 millones de pesos. El otro juicio, relativo a un crédito fiscal de 2008, supera los mil 431 millones de pesos.

No obstante, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, desechó las solicitudes sin trámite adicional y, además, sancionó a la empresa por intentar entorpecer y retrasar los procesos judiciales. Este hecho marca la primera vez que Elektra busca recusar a la totalidad del Pleno; en la integración anterior había promovido recursos de manera individual contra siete ministros.

“Dadas las razones que rigen el sentido del presente proveído, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento respecto a las pruebas que se ofrecen”, notificó la SCJN a través de sus listas electrónicas.

Aunque las razones específicas de Elektra para impedir la participación del Pleno no se han hecho públicas, la Ley de Amparo establece que, cuando se advierta que una recusación busca dilatar el procedimiento, se puede imponer una multa de entre setenta y seiscientas noventa Unidades de Medida y Actualización. La cuantía exacta de las sanciones aplicadas a Elektra no ha sido informada.

Analistas legales señalan que esta acción refleja un intento de la empresa de frenar resoluciones judiciales de gran impacto económico y que la Corte mantiene un firme compromiso de garantizar la imparcialidad y la continuidad de sus procesos. Las decisiones de la SCJN en estos casos definirán precedentes relevantes en materia fiscal y en la manera en que las grandes empresas interactúan con las autoridades tributarias en México.