REDACCIÓN.– Una década después de la muerte de Marisol Martiríz Guzmán, una mujer salvadoreña que residía en Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrecerá una disculpa pública por los hechos que derivaron en su fallecimiento, ocurrido el 20 de julio de 2015. Así lo dio a conocer Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización que ha acompañado a la familia en la lucha por justicia.

El acto está programado para realizarse el próximo 21 de julio en la cabecera municipal de Bochil, localidad donde vivía la víctima junto con su pareja y sus tres hijos: una niña de 10 años y dos niños de 8 y 2 años al momento del suceso. Marisol tenía 30 años y se encontraba en la semana 39.2 de gestación de su cuarto embarazo cuando acudió al Hospital Rural del IMSS de Bochil, presentando vómitos y náuseas, aunque sin dolores de parto.

De acuerdo con el expediente clínico, “tenía un probable desprendimiento prematuro de placenta, una urgencia obstétrica, de las más graves, con alto riesgo de muerte”. El personal médico determinó realizarle una cesárea de emergencia, pero tras la cirugía, su estado de salud se agravó considerablemente. Por ello, era imprescindible trasladarla a un hospital con mayores capacidades.

El traslado, sin embargo, se efectuó hasta seis horas después de la intervención, a pesar de que Bochil se encuentra a solo una hora y media de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado. Fundar precisó que el retraso se debió a la falta de un médico de cuidados intensivos en el hospital del IMSS de Tuxtla, quien pudiera recibirla. Al momento de su llegada, Marisol ya había fallecido.

Fundar denunció que no se activó correctamente el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, el cual permite canalizar a pacientes a hospitales firmantes del acuerdo en caso de urgencias graves. Además, reveló que en el hospital de Bochil, la atención estuvo a cargo de médicos residentes de tercer y cuarto año, así como de un pasante en servicio social, sin la supervisión de un especialista, ya que sólo contaban con un ginecobstetra de base para el turno matutino.

También se documentaron deficiencias en infraestructura y suministro, como la falta de hemoderivados, así como la omisión de pruebas clave durante el embarazo. “Días antes de su muerte, el hospital ordenó la realización de un ultrasonido y otras pruebas a Marisol, pero no le fueron efectuadas, alegando el propio hospital no contar con el equipo”, señaló Fundar. La mujer no pudo costearlos de manera privada.

Otro hecho grave fue la pérdida del útero extraído a Marisol durante la cesárea, el cual debía ser sometido a un estudio histopatológico para establecer las causas de la emergencia. Esta negligencia impidió obtener información médica crucial. Fundar agregó que incluso se tuvo que promover un juicio de amparo para que la familia pudiera acceder al expediente clínico, pues inicialmente les fue negado.

El caso fue presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una propuesta de conciliación en diciembre de 2018. En ella se solicita una disculpa pública y medidas de no repetición, entre ellas la mejora en la atención obstétrica y la capacitación del personal médico.

“Después de 10 años de haber sucedido estos hechos, el próximo 21 de julio se realizará la disculpa pública en Bochil”, concluyó la organización.