Ciudad de México – El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una serie de denuncias penales por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos electorales.

Entre los expedientes remitidos por el Órgano Interno de Control (OIC) figuran los nombres de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, así como de los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados como presuntos articuladores de un esquema de colusión de proveedores.

Las acciones legales surgen tras las investigaciones encabezadas por el titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien expuso ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados hallazgos sobre licitaciones simuladas desarrolladas entre 2014 y 2025.

Detalles de la investigación del OIC

La indagatoria del órgano fiscalizador identificó un entramado empresarial compuesto por al menos cinco compañías vinculadas entre sí que, compartiendo socios, administradores y apoderados, competían simuladamente entre sí para adjudicarse licitaciones públicas del árbitro electoral. En conjunto, este grupo obtuvo asignaciones por un monto superior a los 2 mil 461 millones de pesos.

De acuerdo con los reportes presentados a las comisiones parlamentarias de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, los probables delitos tipificados en las denuncias son:

• Uso ilícito de atribuciones y facultades: Otorgamiento o contratación ilegal de servicios con fondos del erario.
• Tráfico de influencias: Intervención indebida de particulares en la gestión de negocios públicos del INE.
• Cohecho y ejercicio abusivo de funciones: Obtención de beneficios económicos para sí o para terceros mediante la función pública.
• Uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público: Alteración o empleo de documentación apócrifa en los procesos licitatorios.
• Peculado y enriquecimiento ilícito: Incrementos patrimoniales no justificados vinculados al posible desvío de recursos públicos del organismo.

Involucrados y medidas institucionales

El expediente señala que José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas actuarían como accionistas centrales de la red de empresas proveedoras. Asimismo, la investigación indaga si exfuncionarios del instituto habrían permitido que particulares tomaran control operativo de diversas áreas clave del INE para direccionar las contrataciones.

Derivado de estas investigaciones y del inicio de los procesos de entrega-recepción tras la salida de la expresidenta del instituto, se han registrado al menos 30 dimisiones de colaboradores y funcionarios vinculados a la administración saliente.

Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, sostuvo que el área jurídica y el Consejo General mantienen una postura de transparencia y cero tolerancia ante anomalías, colaborando con la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para deslindar responsabilidades sin afectar el funcionamiento operativo institucional ni los insumos del próximo proceso electoral.