REDACCIÓN.— Un intento por proteger legalmente a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, quedó en suspenso tras un empate en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto del ministro Javier Laynez Potisek proponía concederle un amparo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminara de los libros de texto gratuitos una referencia a un audio en el que se le escucha burlarse de un líder indígena.

Con dos votos a favor (Laynez y el ministro Alberto Pérez Dayán) y dos en contra (las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa), la resolución quedó congelada. Para destrabar el caso, se requerirá la intervención de un integrante de la Primera Sala, pero el tiempo apremia: la Segunda Sala solo tiene agendada una sesión más antes de que concluya sus funciones el 31 de agosto.

“Estoy en contra de otorgar el amparo por la protección del derecho al honor de esta persona y a favor del derecho a la información y a la educación de las y los niños mexicanos”, declaró Batres, al rechazar el proyecto que busca limpiar la imagen de quien fue exhibido públicamente por expresiones discriminatorias.

El pasaje en disputa aparece en el libro Proyectos Comunitarios para sexto de primaria, publicado en 2023, donde se menciona el audio difundido en 2015. En él, Córdova se mofa del modo de hablar de un representante indígena tras una reunión oficial, hecho que generó críticas y condenas públicas por su carga racista.

Aunque una jueza federal ya le había concedido el amparo al exfuncionario, la SEP impugnó la resolución. El nuevo proyecto del ministro Laynez propone mantener parcialmente el amparo, solo por el supuesto daño a su honor y reputación, y descarta que Córdova tenga legitimidad para hablar en nombre del derecho a la educación de niñas y niños.

La posibilidad de que la Corte ordene censurar un pasaje que denuncia una conducta discriminatoria ha encendido alertas sobre los límites entre el derecho al honor y el derecho a una educación crítica y con memoria. Para muchas voces, conceder el amparo sería un intento institucional de blanquear una expresión de racismo que fue pública y documentada.