CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se encuentran bajo investigación 16 ex funcionarios y tres ex empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalados por presuntamente otorgar contratos a cambio de sobornos de siete compañías de Estados Unidos y dos empresarios. La indagatoria se reactivó tras una causa penal iniciada este mes en Texas.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó en la conferencia presidencial que se reabrieron cinco auditorías para analizar la participación de ex servidores públicos en cuatro contratos de Pemex. Dos de estos convenios se realizaron durante la gestión de Enrique Peña Nieto: uno por 217 millones de pesos (2013-2020) y otro por 89.1 millones (2018-2020). Otro contrato por 30.9 millones de pesos, celebrado en 2020, fue cancelado de manera anticipada, mientras que uno más, valuado en 52.9 millones, nunca se formalizó por irregularidades detectadas.

Buenrostro precisó que los implicados actuaron de manera aislada y fuera de la normatividad. “Empresas y ex funcionarios que resulten responsables deberán devolver lo robado”, advirtió. En paralelo, señaló que las pesquisas mexicanas avanzan junto al proceso penal que inició un tribunal de Texas el 11 de agosto, tras la denuncia de una firma estadounidense contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, actualmente detenido, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, prófugo y con antecedentes de inhabilitación por su relación con el fraude de Oceanografía en 2014.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de llegar al fondo del caso. Recordó que Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional y que su nombre ya había aparecido en procesos previos. La mandataria aseguró que no habrá margen para la impunidad.

Desde 2020, Pemex suspendió una licitación debido a anomalías y abrió cinco auditorías internas. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 2024 cuando la petrolera tuvo conocimiento de las investigaciones en Estados Unidos. Ahora, la Secretaría Anticorrupción y otras instituciones retomarán todos los elementos de esas pesquisas y revisarán las auditorías originales, ya que existen sospechas de que fueron alteradas.

En la lista de implicados aparecen también tres ex funcionarios identificados como Roberto P., ex responsable de Abasto en Exploración y Producción; Juan V., de Mantenimiento y Construcción; y Erick N., vinculado a Exploración y Producción, quien presuntamente modificó auditorías para exonerar a empresas involucradas.

Con estas acciones, el gobierno federal busca que tanto las empresas como los ex funcionarios señalados enfrenten las consecuencias legales y restituyan los recursos obtenidos de manera indebida.