Tepic, Nayarit.- Una avioneta Cessna Citation con matrícula XV-BAR se desplomó la tarde del domingo en una zona serrana de Ixtlán del Río, Nayarit, y sus dos tripulantes murieron; la Fiscalía estatal investiga, entre otras líneas, si la aeronave fue derribada en un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien utilizaba ocasionalmente ese avión.

La aeronave salió alrededor de las 16:30 horas del aeropuerto Amado Nervo de Tepic con destino a Aguascalientes. Cerca de las 17:00 horas se perdió comunicación con el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ricardo. Minutos después, habitantes de la comunidad Mezquites reportaron haber visto la avioneta caer en llamas y posteriormente una columna de humo.

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, señaló que el posible atentado contra Navarro Quintero es una de las líneas de investigación. Las autoridades federales están a cargo de las indagatorias sobre el accidente, mientras la Fiscalía estatal participa en la preservación del sitio y en la recolección de indicios relacionados con los cuerpos.

Heredia Verdugo informó además sobre la detención de dos testigos colaboradores, uno de ellos identificado como El Talibán 2. El segundo detenido, cuya identidad permanece reservada, llevaba cinco teléfonos celulares que, según la fiscal, contienen información sobre mensajes, vuelos y movimientos de funcionarios.

De acuerdo con la funcionaria, esos registros incluían datos sobre las ocasiones en que el gobernador y otros servidores públicos realizaban vuelos privados, como matrículas y horarios. La información obtenida también abrió una línea relacionada con la operación del cártel Jalisco Nueva Generación antes y después de la detención de El Jardinero.

La fiscalía estatal entregó a las autoridades federales información y videos derivados de las entrevistas con los detenidos. Heredia Verdugo sostuvo que corresponde al gobierno federal explicar el esquema investigado y afirmó que el gobernador proporcionó toda la información disponible a la federación, al señalar que “al final todos estábamos infiltrados”.

Por separado, Navarro Quintero reconoció la infiltración del crimen organizado en corporaciones estatales, incluida la Fiscalía, así como en instituciones municipales. El mandatario afirmó que había recibido amenazas después de recuperar 750 hectáreas que, presuntamente, estaban bajo control de grupos delictivos.

Según Navarro, posteriormente recibió un mensaje en el que se le exigía devolver los terrenos: “Y después nos pidieron que le regresáramos 400 y que nos quedáramos con 350”. El gobernador afirmó que es necesario “limpiar a Nayarit”.

La fiscal también presentó mensajes que, dijo, muestran posibles actos de colusión entre servidores públicos y miembros de organizaciones criminales. Expresó preocupación porque los municipios estén siendo financiados por grupos delictivos, situación que, según señaló, ha afectado incluso la ejecución de obra pública.