Guadalajara, Jalisco.- El gobierno de Jalisco podría comprometer hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años para construir y operar un acueducto desde el lago de Chapala hasta Guadalajara, de acuerdo con la iniciativa del gobernador Pablo Lemus enviada al Congreso estatal. La propuesta contempla financiamiento privado para una obra cuyo costo mediante inversión pública directa se estima en casi 12 mil millones de pesos más IVA.

El proyecto no avanzó en su primera discusión legislativa debido a la falta de quórum en el Congreso de Jalisco, donde se necesitaban al menos 20 diputados para iniciar la sesión. La ausencia de legisladores de Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, Morena, PAN, PRI y Hagamos impidió que el documento fuera turnado a comisiones. Para su aprobación se requieren 26 votos, equivalentes a dos terceras partes del pleno, debido a que establece compromisos financieros que rebasarían la administración actual.

La iniciativa establece dos modalidades de contratación. La primera contempla un periodo de hasta 20 años, incluidos 24 meses para ejecutar la obra y hasta 18 años de operación y mantenimiento. Bajo este esquema, el monto máximo de los pagos alcanzaría 39 mil 688 millones de pesos, sin IVA, con desembolsos anuales de hasta 2 mil 538 millones.

La segunda alternativa amplía el contrato a 25 años, con dos años para construir y equipar la infraestructura y hasta 23 años para operarla y conservarla. En este escenario, el gobierno estatal podría pagar hasta 48 mil 296 millones de pesos, sin IVA, mediante aportaciones anuales de hasta 2 mil 321 millones. Ambas cantidades están calculadas a precios de agosto de 2026.

El mecanismo propuesto comprometería ingresos estatales provenientes del Impuesto Sobre Nóminas como respaldo de las obligaciones de pago. Además, el inversionista privado conservaría la titularidad de la infraestructura y los bienes capitalizables mientras recupera su inversión. La transferencia a la Comisión Estatal del Agua (CEA) se realizaría una vez liquidado el monto correspondiente, mientras que la empresa asumiría la operación, el mantenimiento y la rehabilitación del sistema durante el plazo contratado.

Las dimensiones y los costos también distinguen la propuesta de otros proyectos hidráulicos. El acueducto de Chapala requeriría cerca de 12 mil millones de pesos para construir 42 kilómetros de tubería de 96 pulgadas de diámetro. En contraste, El Cuchillo II, en Nuevo León, costó 15 mil 750 millones de pesos con recursos públicos federales y estatales para una extensión de 93 kilómetros y tuberías de 84 pulgadas. La obra regiomontana se construyó en 15 meses, entre 2022 y 2023, sin establecer un esquema de pagos a largo plazo como el planteado en Jalisco.

El antecedente del Acueducto II de Querétaro también genera preocupación por el impacto financiero que puede tener este tipo de contratación. Ese proyecto, concluido en 2011 tras cinco años de construcción, ha mantenido obligaciones que afectan las finanzas públicas de la entidad. La iniciativa de Lemus, por su parte, sostiene que el esquema no representa una privatización del servicio ni constituye deuda pública, aunque asigna al inversionista funciones centrales sobre la infraestructura.

Durante la discusión prevista en el Congreso, colectivos ambientalistas expresaron su rechazo a la obra. Además de cuestionar la participación privada, señalaron que no cuentan con información suficiente para evaluar las posibles consecuencias ambientales del acueducto, entre ellas las afectaciones que podría ocasionar en otros cuerpos de agua, como el río Santiago.