Washington, Estados Unidos – Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) revelar una parte del contenido que permanece censurado en los llamados “archivos Epstein” o, en su defecto, explicar de manera detallada por qué esa información debe seguir oculta.

El fallo fue emitido por el juez federal Emmet Sullivan, quien estableció como fecha límite el próximo 2 de julio para que el Departamento de Justicia entregue versiones con menos censura de diversos documentos o presente un informe justificando legalmente cada una de las partes que decidió mantener bajo reserva.

La resolución surge tras una demanda que acusa al gobierno estadounidense de incumplir la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, normativa que obliga a publicar la mayor parte de la documentación relacionada con el caso.

Entre los documentos cuya divulgación fue ordenada se encuentran correos electrónicos, borradores de acusaciones judiciales y registros del FBI que contienen amplias secciones cubiertas por tachaduras. El juez también exigió que el Departamento de Justicia entregue un registro completo de todas las censuras realizadas, explicando el fundamento legal de cada una.

Las autoridades estadounidenses sostienen que parte de la información continúa protegida porque contiene datos personales de víctimas, material sensible, documentos duplicados o información amparada por privilegios legales. Sin embargo, el tribunal consideró que el gobierno debe demostrar con precisión por qué cada fragmento permanece oculto y no limitarse a realizar afirmaciones generales.

Es importante señalar que esta decisión no implica que se haya revelado nueva evidencia contra personas específicas, ni confirma las numerosas especulaciones que circulan en redes sociales sobre supuestas listas o implicaciones de figuras públicas.

El fallo únicamente obliga al Departamento de Justicia a aumentar la transparencia sobre los documentos ya existentes y justificar legalmente las redacciones realizadas.

El caso Epstein continúa siendo uno de los expedientes judiciales más controvertidos de Estados Unidos debido al enorme volumen de documentos, las investigaciones federales y la presencia de nombres de personas que, en muchos casos, aparecen únicamente como parte de registros, testimonios o comunicaciones, sin que ello constituya prueba de delito.