BOSTON, ESTADOS UNIDOS.- Una jueza federal de Estados Unidos anunció que bloqueará el intento de la administración del presidente Donald Trump de cancelar el estatus legal temporal de alrededor de 10 mil migrantes de América Latina que accedieron a programas de reunificación familiar.

La jueza de distrito Indira Talwani, durante una audiencia celebrada en Boston, informó que emitirá una orden de restricción temporal solicitada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Dichos grupos impugnaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de poner fin a los programas de permanencia temporal para ciudadanos de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

La medida judicial detiene, por ahora, una acción que forma parte de la política migratoria de línea dura impulsada por Trump, la cual también contempla la cancelación de cientos de miles de permisos humanitarios que permitían a personas extranjeras vivir y trabajar de manera temporal en territorio estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 12 de diciembre que estos programas, creados o ampliados entre 2022 y 2023 durante la administración del expresidente Joe Biden, quedarían sin efecto a partir del 14 de enero. Bajo este esquema, ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales podían fungir como patrocinadores de familiares, quienes ingresaban al país mientras se resolvía su trámite de visa.

De acuerdo con el gobierno federal, los beneficiarios ingresaron a Estados Unidos entre noviembre de 2023 y enero de 2025, recibiendo permisos iniciales de permanencia temporal por tres años. No obstante, Seguridad Nacional argumentó que el programa fue objeto de abusos y que existían riesgos de que personas “mal investigadas” o con fines fraudulentos aprovecharan este mecanismo.

La resolución judicial representa un nuevo revés para los esfuerzos del actual gobierno estadounidense por restringir de forma acelerada los programas migratorios temporales y abre un nuevo frente legal en el debate sobre la política migratoria del país.