CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura firme sobre los adeudos fiscales de Grupo Salinas con el SAT, que ascienden a más de 48 mil millones de pesos. Desde Palacio Nacional dejó claro durante su mañanera de hoy que no habrá negociaciones fuera de la ley y que este caso representa un precedente de cómo su gobierno enfrenta las obligaciones tributarias de grandes corporativos.

Sheinbaum respondió a la propuesta pública de Ricardo Salinas Pliego de instalar una mesa de negociación con el gobierno: “no es un asunto de sentarnos a negociar en lo oscurito. Cuando llegué a la presidencia, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Este es un tema de legalidad”, afirmó.

Por su parte, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, detalló que los créditos fiscales provienen del uso indebido del esquema de consolidación. “Este grupo empresarial aprovechó la consolidación durante muchos años, generando un patrón de abuso que afectó la recaudación del Estado y creó un trato desigual con las pequeñas y medianas empresas que sí cumplían”, explicó.

Galeano precisó que la figura de la consolidación, creada en 1982 para fortalecer a grandes corporativos, terminó siendo utilizada de forma abusiva al inflar pérdidas, declarar deducciones ficticias y postergar indefinidamente el pago de impuestos. 

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, actualmente existen nueve créditos fiscales en litigio, algunos derivados de operaciones simuladas y compras de acciones que inflaron pérdidas.

Al respecto, la Procuradora subrayó que el artículo 28 constitucional prohíbe la condonación de impuestos, por lo que no se trata de un asunto de negociación. “El régimen fiscal debe ser parejo para todos. Ya no hay privilegios, ni consolidación, ni beneficios discrecionales para grandes grupos empresariales”, afirmó. 

En su mensaje final, Sheinbaum recordó que en el viejo régimen prevalecían prácticas para evadir impuestos, beneficiando a grandes capitales a costa de la mayoría. Hoy, sostuvo, no habrá excepciones: “los adeudos fiscales no se negocian, se pagan”. Con ello, el gobierno federal reafirma que la transparencia y el Estado de derecho son pilares de su política fiscal.