Exigen mineros justicia y mayor seguridad tras secuestro y asesinato de trabajadores en Sinaloa

Con la consigna “Los mineros estamos de luto”, trabajadores del sector, familiares y estudiantes se movilizaron en al menos siete estados del país para exigir justicia y mayores garantías de seguridad, luego de la privación de la libertad de 10 empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, ocurrida el 23 de enero, de los cuales cinco fueron localizados sin vida.

Las protestas se desarrollaron en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí, donde el gremio minero denunció que las condiciones de inseguridad en diversas regiones del país ponen en riesgo permanente a quienes laboran en la exploración y explotación de minerales, especialmente en zonas serranas o apartadas.

En Hermosillo, Sonora, alrededor de dos mil personas marcharon por el centro de la ciudad convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. El contingente partió de las oficinas de la agrupación y avanzó hasta la catedral metropolitana, donde se celebró una misa en memoria del ingeniero José Antonio Jiménez Nevárez, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, en Concordia.

Durante el recorrido, familiares de los desaparecidos portaron pancartas con fotografías y nombres de los ausentes. María Elena Morán, esposa de Antonio Esparza —quien continúa desaparecido—, sostuvo que en total fueron reportadas 14 personas privadas de la libertad en Concordia, de las cuales 10 trabajaban para Vizsla Silver y cuatro para otra empresa. Afirmó que días antes su esposo le expresó preocupación por la inseguridad y por presuntas exigencias de pago para permitirles operar.

En Zacatecas, cientos de mineros y estudiantes de Ciencias de la Tierra protestaron bajo la consigna “¡Fue extorsión, no confusión!”, en rechazo a la versión federal que planteó una posible equivocación por parte de un grupo criminal. La movilización inició en la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y concluyó en la Plaza de Armas, donde se rindió homenaje a los profesionistas José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Salazar Flores, también víctimas del ataque.

En Sinaloa, familiares y compañeros realizaron una caminata silenciosa en Concordia y colocaron un altar con cascos, chalecos y veladoras frente a la iglesia colonial y la presidencia municipal. En la plazuela Morelos, empleados de Vizsla Silver montaron una ofrenda simbólica con un moño negro en señal de luto.

Movilizaciones similares se registraron en Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango, donde los participantes coincidieron en que los protocolos de protección resultan insuficientes. Representantes del gremio señalaron que no aceptarán que el caso sea tratado como un hecho aislado y demandaron acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para garantizar la integridad de quienes trabajan en la industria minera.

El reclamo común en las siete entidades fue claro: condiciones reales de seguridad en las zonas de operación, esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas, en un contexto en el que la violencia en regiones mineras ha encendido las alertas del sector productivo y de las comunidades vinculadas a esta actividad estratégica para la economía nacional.

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Exigen mineros justicia y mayor seguridad tras secuestro y asesinato de trabajadores en Sinaloa

Con la consigna “Los mineros estamos de luto”, trabajadores del sector, familiares y estudiantes se movilizaron en al menos siete estados del país para exigir justicia y mayores garantías de seguridad, luego de la privación de la libertad de 10 empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, ocurrida el 23 de enero, de los cuales cinco fueron localizados sin vida.

Las protestas se desarrollaron en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí, donde el gremio minero denunció que las condiciones de inseguridad en diversas regiones del país ponen en riesgo permanente a quienes laboran en la exploración y explotación de minerales, especialmente en zonas serranas o apartadas.

En Hermosillo, Sonora, alrededor de dos mil personas marcharon por el centro de la ciudad convocadas por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. El contingente partió de las oficinas de la agrupación y avanzó hasta la catedral metropolitana, donde se celebró una misa en memoria del ingeniero José Antonio Jiménez Nevárez, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, en Concordia.

Durante el recorrido, familiares de los desaparecidos portaron pancartas con fotografías y nombres de los ausentes. María Elena Morán, esposa de Antonio Esparza —quien continúa desaparecido—, sostuvo que en total fueron reportadas 14 personas privadas de la libertad en Concordia, de las cuales 10 trabajaban para Vizsla Silver y cuatro para otra empresa. Afirmó que días antes su esposo le expresó preocupación por la inseguridad y por presuntas exigencias de pago para permitirles operar.

En Zacatecas, cientos de mineros y estudiantes de Ciencias de la Tierra protestaron bajo la consigna “¡Fue extorsión, no confusión!”, en rechazo a la versión federal que planteó una posible equivocación por parte de un grupo criminal. La movilización inició en la Unidad Académica de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y concluyó en la Plaza de Armas, donde se rindió homenaje a los profesionistas José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Salazar Flores, también víctimas del ataque.

En Sinaloa, familiares y compañeros realizaron una caminata silenciosa en Concordia y colocaron un altar con cascos, chalecos y veladoras frente a la iglesia colonial y la presidencia municipal. En la plazuela Morelos, empleados de Vizsla Silver montaron una ofrenda simbólica con un moño negro en señal de luto.

Movilizaciones similares se registraron en Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango, donde los participantes coincidieron en que los protocolos de protección resultan insuficientes. Representantes del gremio señalaron que no aceptarán que el caso sea tratado como un hecho aislado y demandaron acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para garantizar la integridad de quienes trabajan en la industria minera.

El reclamo común en las siete entidades fue claro: condiciones reales de seguridad en las zonas de operación, esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas, en un contexto en el que la violencia en regiones mineras ha encendido las alertas del sector productivo y de las comunidades vinculadas a esta actividad estratégica para la economía nacional.

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