CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República postergó la discusión de la Ley para Prevenir y Sancionar el Delito de Extorsión, con el propósito de realizar ajustes sustanciales que eviten posibles lagunas jurídicas y aseguren la eficacia de la norma. El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, confirmó que el análisis continuará la próxima semana, luego de acordar una ruta legislativa junto con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y los titulares de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza.

López Hernández subrayó que el objetivo de las modificaciones es impedir que personas sentenciadas por extorsión obtengan beneficios indebidos derivados de un nuevo tipo penal unificado. Señaló que “la extorsión es el delito más sensible que enfrentan los mexicanos” y que por ello es necesario revisar a fondo los criterios jurisprudenciales y los agravantes definidos por la Suprema Corte.

De acuerdo con el legislador, abogados penalistas y especialistas en derecho constitucional han manifestado su preocupación por la posibilidad de que, al reducir las penas, algunos delincuentes puedan salir de prisión antes de tiempo. “Esa inquietud la estamos atendiendo con responsabilidad”, afirmó.

Por su parte, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que “las prisas y los fast track no son buenos mecanismos ni son buenos consejeros, resultan luego errores, omisiones o malas redacciones”. Reiteró que el dictamen se encuentra en revisión minuciosa junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, con quienes se han mantenido reuniones técnicas para afinar detalles.

El legislador explicó que se analizan tres bloques principales de modificaciones: la revisión de las penalidades, las sanciones para funcionarios públicos implicados en actos de extorsión y la precisión técnica de las conductas punibles. Entre los ajustes, se busca garantizar que la reducción de penas no genere efectos retroactivos que favorezcan a personas ya sentenciadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 constitucional.

Asimismo, se prevé que la nueva ley tenga carácter nacional, lo que obligará a todas las entidades federativas a contar con unidades especializadas en la persecución del delito de extorsión, fortaleciendo así la coordinación institucional entre la federación y los estados.

Corral aseguró que los cambios están casi concluidos y confió en que el dictamen pueda ser aprobado en la sesión plenaria de la próxima semana. “Lo importante es construir una ley con respaldo pleno del Senado y con la solidez jurídica que el país necesita”, remarcó.