Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – La defensa de los derechos político-electorales de las mujeres volvió al centro del debate público en Chiapas, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) impugnara la reforma electoral en materia de paridad efectiva, aprobada por unanimidad el pasado 14 de septiembre por el Congreso del Estado.

Ante esta acción, la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Marcela Castillo Atristain, sostuvo que la reforma representa un avance para garantizar que las mujeres no solamente participen en los procesos electorales, sino que tengan mayores oportunidades de acceder a los espacios donde se toman las decisiones públicas.

El 8 de octubre, la legisladora anunció que el Congreso defenderá la modificación legal ante las instancias judiciales correspondientes. Señaló que la igualdad política requiere condiciones efectivas para competir y gobernar, y no únicamente disposiciones generales que reconozcan la participación femenina.

La reforma, propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, modifica los numerales 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Entre sus principales disposiciones establece reglas de paridad horizontal y vertical en las planillas para los ayuntamientos, así como la alternancia de género.

Estas medidas buscan ampliar las oportunidades de las mujeres para competir por las presidencias municipales y otros cargos de elección popular en los 124 municipios de Chiapas, de cara al proceso electoral de 2027.

Uno de los argumentos centrales a favor de la reforma es que la paridad numérica en las candidaturas no siempre garantiza que las mujeres accedan a los puestos de mayor poder político. De acuerdo con los planteamientos expuestos durante su aprobación, los partidos pueden postular mujeres en municipios con menores posibilidades de triunfo y reservar los de mayor competitividad para candidatos hombres.

Por ello, quienes respaldan la modificación consideran necesario establecer mecanismos que permitan una distribución más equitativa de las oportunidades electorales.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar también manifestó su rechazo a la impugnación y afirmó que, de ser necesario, acompañará al Congreso ante las instancias judiciales para defender la reforma.

La controversia abre una discusión sobre el alcance de las medidas legales para garantizar la igualdad sustantiva en la representación política. Mientras el Poder Legislativo sostiene que defenderá la reforma, corresponde a las autoridades competentes analizar la impugnación y determinar su resolución conforme al marco jurídico.

Hasta que exista una decisión judicial, la impugnación debe entenderse como parte de una controversia legal en curso, no como una declaración definitiva sobre la validez de las disposiciones aprobadas.