El Salvador – Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que al menos 500 personas privadas de libertad han muerto en cárceles de El Salvador durante el mandato del presidente Nayib Bukele, en el contexto de la estrategia de seguridad conocida como “guerra contra las pandillas”.

Según informes de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH), alrededor de 508 reclusos han fallecido en los cuatro años posteriores al inicio del régimen de excepción, medida adoptada por el gobierno en marzo de 2022 para combatir a grupos criminales.

El régimen de excepción permitió la suspensión de ciertos derechos constitucionales, lo que facilitó detenciones masivas que superan las 90,000 personas en pocos años. Esta política fue impulsada tras un aumento de homicidios atribuido a pandillas, y ha sido defendida por el gobierno como necesaria para restablecer la seguridad en el país.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones carcelarias y las causas de muerte de los detenidos.

Un informe reciente indica que gran parte de los fallecimientos estaría relacionada con violencia física, tortura o falta de atención médica, siendo estas algunas de las principales causas señaladas por familiares y organizaciones civiles. Otros estudios documentan que muchas de las personas fallecidas no estaban vinculadas a pandillas.

De acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios recopilados por ONG, hasta el 94% de los presos fallecidos no tenían antecedentes de pertenecer a organizaciones criminales, e incluían trabajadores, pastores religiosos y menores de edad.

Además, informes independientes han señalado que numerosas personas murieron tras ingresar aparentemente sanas a prisión, lo que ha generado sospechas sobre posibles negligencias médicas o malos tratos dentro del sistema penitenciario. En algunos casos, los cuerpos fueron entregados a las familias con signos de violencia o sin explicaciones claras sobre la causa de muerte.

Por otra parte, el gobierno salvadoreño sostiene que su estrategia ha logrado reducir significativamente la tasa de homicidios, lo que ha incrementado la popularidad del presidente entre la población. Las autoridades argumentan que las medidas estrictas han permitido recuperar territorios controlados por pandillas y mejorar la seguridad pública.

A pesar de ello, organismos internacionales como Human Rights Watch y la ONU han advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Mientras algunos sectores destacan los avances en seguridad, otros advierten que el costo humano del régimen de excepción podría representar uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos en la historia reciente de El Salvador.