San José, Costa Rica – La politóloga conservadora Laura Fernández asumió oficialmente la presidencia de Costa Rica con la promesa de implementar una estrategia de “mano dura” contra el narcotráfico, el crimen organizado y la creciente ola de violencia que golpea al país centroamericano en los últimos años.

Fernández, de 39 años, rindió protesta como la presidenta número 50 en la historia costarricense durante una ceremonia realizada en el Estadio Nacional de San José, donde aseguró que su gobierno no permitirá que las bandas criminales continúen expandiendo su poder en el territorio nacional.

En su primer discurso como mandataria afirmó que “no le temblará el pulso” para combatir a los grupos ligados al narcotráfico y garantizar la seguridad de la población.

La nueva presidenta llega al poder tras ganar las elecciones de febrero de 2026 con un discurso centrado en seguridad, continuidad económica y reformas institucionales.

Fernández fue una de las figuras más cercanas al ahora ex presidente Rodrigo Chaves, de quien fungió como ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el gobierno anterior.

Uno de los principales ejes de su administración será el combate frontal contra el crimen organizado, en momentos en que Costa Rica enfrenta niveles históricos de violencia vinculada al narcotráfico.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que 2025 fue uno de los años más violentos para el país, con una tasa de homicidios impulsada principalmente por disputas entre grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.

Fernández adelantó que impulsará medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador.

Además, buscará fortalecer las capacidades policiales, endurecer penas contra integrantes del crimen organizado y aplicar operativos especiales en las zonas más afectadas por la violencia.

La mandataria también anunció que promoverá reformas profundas en el sistema judicial y en las instituciones de seguridad pública, argumentando que el Estado necesita herramientas más eficaces para enfrentar a las organizaciones criminales.

Algunas de sus propuestas, como la suspensión temporal de ciertas garantías individuales en regiones controladas por bandas delictivas, ya han generado críticas de sectores opositores y organismos defensores de derechos humanos, quienes advierten posibles riesgos para la democracia costarricense.

Otro aspecto que ha provocado polémica es la permanencia de Rodrigo Chaves dentro del nuevo gobierno.

Fernández confirmó que el ex mandatario ocupará cargos estratégicos relacionados con la agenda política y económica, situación que analistas consideran una concentración inédita de poder en Costa Rica.

Pese a las críticas, Fernández aseguró que su administración mantendrá el respeto a las instituciones democráticas y trabajará para devolver la tranquilidad a un país que históricamente fue considerado uno de los más seguros y estables de América Latina.

La nueva presidenta sostuvo que su prioridad será “rescatar la seguridad de las familias costarricenses” y evitar que el narcotráfico siga debilitando al Estado.