Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas aprobó el nombramiento de José Eduardo Morales Montes como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de dar trámite legislativo a la propuesta enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en una sesión en la que también fueron turnados a comisiones diversos asuntos relacionados con los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Amatenango del Valle y Totolapa.

Tras la aprobación del dictamen por parte del órgano legislativo, la Comisión Permanente tomó la protesta de ley a José Eduardo Morales Montes, quien asumió formalmente el cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

La sesión fue encabezada por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Alejandra Gómez Mendoza, quien dirigió los trabajos de la Comisión Permanente y dio lectura a diversos oficios enviados por autoridades municipales, los cuales fueron turnados a las comisiones parlamentarias correspondientes para su análisis y elaboración de los dictámenes respectivos.

Entre los asuntos presentados destaca la solicitud del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para obtener autorización del Congreso a fin de desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno y enajenarla mediante la figura de donación a favor de la Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez.

De acuerdo con el documento, el predio se encuentra ubicado en la calle Geranio, esquina con avenida Gardenia, en el fraccionamiento El Valle, de la capital chiapaneca, y la petición deberá ser revisada por las comisiones legislativas competentes antes de ser sometida a consideración del pleno cuando corresponda.

Asimismo, la Comisión Permanente recibió un oficio del Ayuntamiento de Tapachula mediante el cual se notificó la licencia temporal presentada por la ciudadana Adriana Blas Solís, sexta regidora propietaria del cabildo, quien solicitó separarse del cargo a partir del 27 de julio de 2026 y hasta por un periodo de seis meses.

En otro de los asuntos abordados, el Ayuntamiento de Amatenango del Valle solicitó autorización para dar de baja del patrimonio municipal 13 vehículos automotores, al argumentar que las unidades se encuentran en estado de inoperatividad y ya no resultan funcionales para la prestación de los servicios públicos.

De igual forma, el Ayuntamiento de Totolapa presentó una solicitud para desincorporar del patrimonio municipal dos vehículos automotores, también por encontrarse en condiciones de inoperatividad.

Todos estos expedientes fueron turnados a las comisiones parlamentarias correspondientes para su análisis jurídico y administrativo, conforme al procedimiento legislativo establecido antes de que puedan ser dictaminados y, en su caso, aprobados por el Congreso del Estado.