Oaxaca – La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) responsabilizó a una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado por la liberación de un profesor acusado de abuso sexual.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que la decisión de dejar en libertad al imputado no fue consecuencia de una omisión de la Fiscalía, sino de una resolución emitida por la magistrada Alba Osorio Velasco, integrante de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Según explicó, fue ella quien determinó revocar la vinculación a proceso que previamente había sido dictada contra el acusado.

El caso involucra a Juan “N”, quien se desempeñaba como profesor de dibujo arquitectónico en una escuela secundaria de Santo Domingo Tehuantepec y fue señalado por presuntos delitos de abuso sexual.

De acuerdo con la Fiscalía, el docente fue detenido el 6 de diciembre de 2025 y posteriormente vinculado a proceso el 11 de diciembre del mismo año, luego de que el Ministerio Público presentara diversas pruebas para sustentar la acusación.

Rodríguez Alamilla sostuvo que, tras revisar personalmente el expediente, encontró que existían elementos suficientes para justificar la vinculación a proceso. Sin embargo, la defensa del imputado promovió un recurso de apelación y la magistrada concluyó que existía una afectación al derecho de defensa debido a que la imputación contemplaba una temporalidad considerada excesivamente amplia. Con base en ese criterio, resolvió emitir un auto de no vinculación a proceso y ordenó la liberación del acusado.

La controversia aumentó después de que padres de familia denunciaran públicamente posibles irregularidades durante el desarrollo de la investigación.

Entre los señalamientos figuran presuntos actos de corrupción cometidos por personal ministerial, incluyendo supuestas solicitudes de dinero y gastos derivados de atención psicológica relacionada con el caso. Ante estas acusaciones, la Fiscalía informó que inició una investigación interna para determinar responsabilidades y, en caso de comprobarse conductas indebidas, aplicar sanciones administrativas o penales correspondientes.

El fiscal aseguró que la institución actuó conforme a derecho durante la integración de la carpeta de investigación y reiteró que la liberación del imputado obedeció exclusivamente a una resolución judicial.

Asimismo, señaló que la dependencia busca fortalecer los mecanismos de vigilancia interna para combatir cualquier posible acto de corrupción dentro de sus filas.