MORELIA.- En la XXI Zona Militar de Morelia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezaron este jueves la primera reunión de coordinación de la “Operación Paricutín”. También participaron alcaldes, el fiscal estatal Carlos Torres Piña y Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán.

La ofensiva militar de seguridad representa una acción sin precedentes en Michoacán, dirigida contra al menos 12 cárteles del narcotráfico que operan en la entidad. La estrategia forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Zepeda Villaseñor confirmó que la ofensiva se enfocará en todos los grupos criminales identificados en el estado. De acuerdo con reportes del Ejército, la FGR y la FGE, entre las organizaciones activas están el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Tepalcatepec, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el cártel de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, cártel de Aquila, cártel de Coahuayana, cártel de Los Reyes y Los Lolos.

Como parte del operativo, las fuerzas federales desplegaron más de 12 mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El dispositivo incluye vehículos tácticos blindados, aeronaves no tripuladas, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología anti drones explosivos, con el objetivo de recuperar el control territorial en las zonas más violentas.

El despliegue ocurre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre, hecho que detonó protestas sociales en distintas regiones del estado. García Harfuch y Trevilla Trejo se trasladaron a Uruapan para sostener una segunda reunión con autoridades locales y con Grecia Itzel Quiroz García, viuda y actual alcaldesa sustituta.

La “Operación Paricutín” busca restablecer la seguridad, reducir la presencia de grupos armados y fortalecer las instituciones locales, en una entidad históricamente afectada por la fragmentación criminal y la violencia derivada del narcotráfico.