CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente siete litigios fiscales iniciados por Elektra y TV Azteca hace más de una década, al confirmar que Grupo Salinas debe cubrir más de 48 mil 326 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con una discusión estrictamente técnica y sin debate político, el Pleno resolvió en una sesión de poco más de una hora que los reclamos de las empresas carecían de un interés constitucional excepcional para revisar la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Las y los ministros concluyeron que ya existen criterios previos que atienden los argumentos planteados por el conglomerado, lo que dejó sin margen para reabrir la discusión. Esta decisión genera un precedente directo que podría agilizar otros litigios similares, incluso aquellos que el propio corporativo mantiene activos, pues refuerza la validez de las normas impugnadas.

El expediente más voluminoso fue el amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos correspondientes al ejercicio 2013. La Corte desechó la revisión después de atender recursos promovidos por Hacienda, los cuales dejaron sin efecto una admisión previa firmada en 2024 por la entonces ministra presidenta, Norma Piña.

El Pleno también declaró infundado un intento de Elektra por impedir la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama. La empresa alegaba posible parcialidad derivada de comentarios sobre Ricardo Salinas Pliego publicados años atrás, pero la nueva integración del tribunal rechazó ese planteamiento y revirtió criterios anteriores que la habían apartado de casos similares.

Con estos fallos, la Corte cierra una etapa de litigios que se prolongó hasta 16 años y fortalece la posición del SAT en la recuperación de créditos fiscales de gran escala. La resolución subraya que Grupo Salinas deberá asumir el pago completo y marca un parteaguas para otros procesos que cuestionan la misma normativa, reafirmando la postura del máximo tribunal sobre la legalidad de los adeudos fiscales.