San Luis Potosí.- Un tribunal federal ordenó la restitución inmediata de las tierras ocupadas por más de un centenar de habitantes indígenas de la comunidad La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, luego de que fueran desalojados de la zona a finales de junio.

La determinación judicial concede una suspensión provisional con efectos restitutorios a favor de las familias afectadas, por lo que las autoridades deberán devolverles la posesión de sus viviendas y parcelas mientras continúa el proceso legal que definirá de manera definitiva la propiedad y ocupación del predio.

La resolución fue emitida dentro del Recurso de Queja 195/2026, mediante el cual una instancia federal concluyó que las condiciones previas al desalojo deben ser restablecidas de manera inmediata. Con ello, las familias tének podrán regresar al terreno conocido como La Peña en tanto se resuelve el juicio de amparo promovido por los habitantes.

De acuerdo con la determinación, el Ministerio Público Federal adscrito a Tampamolón Corona será responsable de coordinar y supervisar la diligencia de restitución. Además, deberá elaborar un acta detallada sobre cada una de las actuaciones realizadas y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito para acreditar el cumplimiento de la orden judicial.

El fallo también establece medidas para garantizar los derechos de los pueblos originarios involucrados. Entre ellas destaca la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organismo que deberá proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya durante el desarrollo de las diligencias.

La intervención de traductores busca asegurar que los afectados comprendan plenamente cada etapa del procedimiento y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones ante las autoridades.

Las familias tének habían sido desalojadas del predio el pasado 21 de junio. Tras ese operativo, los habitantes denunciaron daños en viviendas, afectaciones a sus pertenencias y diversas irregularidades relacionadas con la ejecución de la expulsión.

Con la resolución emitida por el tribunal federal, las autoridades involucradas quedaron obligadas a ejecutar la restitución conforme a los términos fijados por el órgano jurisdiccional. Mientras tanto, el juicio de amparo seguirá su curso para determinar el fondo del conflicto agrario y territorial que enfrenta a los pobladores de La Peña.