Guadalajara, Jalisco – El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente que se cometieron excesos y graves deficiencias operativas por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación realizada frente a Casa Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La movilización ciudadana, motivada por exigencias sobre la calidad y el abasto de agua potable en la región, derivó en enfrentamientos y actos de represión.

Excesos policiales y liberación de manifestantes

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario jalisciense asumió la responsabilidad institucional de los hechos y confirmó la liberación total de las 39 personas que habían sido detenidas por los elementos del orden durante los disturbios del fin de semana:

• Uso desmedido de la fuerza: El Ejecutivo estatal admitió que se emplearon agentes químicos (gas lacrimógeno) y cañones de agua contra la población, calificando estas acciones como totalmente inadecuadas.
• Vulnerabilidad de sectores sensibles: Lemus lamentó que adultos mayores y niños quedaran atrapados en medio del despliegue policial y expuestos a la violencia.
• Detenciones injustificadas: Se confirmó que los ciudadanos arrestados durante la jornada recobraron su libertad tras la revisión de los expedientes.

“Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir… Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, expresó.

Investigaciones internas y postura institucional

El gobierno estatal dio a conocer que se abrieron carpetas de investigación interna para sancionar a los efectivos policiales que vulneraron los protocolos de contención.

Para asegurar la transparencia del proceso de deslinde de responsabilidades, la administración solicitó la intervención y el acompañamiento formal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Asimismo, respecto a los reclamos que originaron las protestas, el gobernador descartó categóricamente cualquier intención de privatizar el servicio de agua potable, elevar las tarifas o contratar deuda pública con relación a las obras hídricas del acueducto Chapala-Guadalajara.