Guadalajara.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, atribuyó a presuntos intereses políticos externos los actos violentos registrados durante la manifestación del domingo 18 de octubre, pero evitó responder a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una posible coordinación entre manifestantes violentos y autoridades policiales.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) centró su mensaje en la presunta intervención de grupos ajenos al estado y sostuvo que el objetivo de estos sería generar inestabilidad. No ofreció una respuesta directa a las acusaciones de la CNDH sobre la actuación de las corporaciones de seguridad.

“No podemos permitir que a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco. En Jalisco no somos así, queremos y cuidamos nuestro estado. A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Debemos cerrar filas y cerrarles las puertas de Jalisco a los violentos”, declaró.

La CNDH señaló que existen elementos que apuntan a una presunta coordinación directa entre grupos violentos y autoridades policiales. También manifestó suspicacias por la ausencia, hasta el lunes, de quejas de los detenidos o de sus familiares, según lo expuesto en la información difundida sobre el caso.

Lemus aseguró que durante la movilización se evitó la participación de grupos de choque y destacó que no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados. Sin embargo, denunció daños a edificios públicos y comercios.

Según el gobernador, los participantes violentos rompieron tres puertas del Palacio de Gobierno, dañaron ventanas, arrojaron piedras, destruyeron cámaras de seguridad y realizaron pintas en los muros del inmueble y de la Catedral de Guadalajara. También afirmó que fueron lanzados explosivos contra las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Justicia.

El gobierno de Jalisco reportó un saldo preliminar de diez personas detenidas y 15 policías estatales con lesiones leves. Además, estimó en aproximadamente 15 millones de pesos los daños ocasionados al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano.

Los señalamientos de la CNDH surgieron en un contexto de tensión entre el organismo y la administración estatal por los presuntos actos de tortura ocurridos en Casa Jalisco el 11 de octubre. En los días previos, cuentas de redes sociales identificadas como bots o simpatizantes de MC emprendieron una campaña de críticas contra la comisión ante la posibilidad de que el caso derivara en cuestionamientos a las autoridades estatales.