Ayer el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés dictó pena de muerte contra Sheikh Hasina, señalándola por dirigir la violenta represión de las protestas de 2024. La ex jefa de gobierno, exiliada en India desde su renuncia, enfrenta así el fallo más severo en la historia política del país.

La condena detalla crímenes de lesa humanidad relacionados con miles de víctimas, incluidas órdenes de ataques letales por tierra y aire durante el levantamiento estudiantil. Además, el tribunal la declaró responsable de omitir acciones para frenar abusos y castigar a los responsables, lo que elevó la gravedad del veredicto. 

El gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus afirmó que el fallo confirma que ninguna figura política está por encima de la ley. Tras la sentencia, la autoridad provisional solicitó a India la entrega inmediata de la ex mandataria y de su ex ministro Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado.

La posible extradición depende ahora de la postura de India, que mantiene a Hasina bajo resguardo desde agosto de 2024. Aunque ambos países cuentan con un acuerdo recíproco desde 2013, juristas indias advierten que este no aplica en delitos de carácter político, lo que abriría la puerta a que la ex primera ministra pida asilo.

Mientras India revisa el contenido jurídico y diplomático del caso, Hasina puede permanecer legalmente en su territorio. El proceso, sin precedentes en Bangladés, mantiene en vilo la estabilidad regional y marca un punto decisivo para el futuro político del país asiático.