Washington, Estados Unidos – El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado a muerte por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. La decisión ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, legisladores y representantes de Naciones Unidas.

La ejecución está programada para el próximo 3 de diciembre a las 13:00 horas, tiempo central de Estados Unidos, en la misma instalación militar donde Hasan perpetró el ataque. De concretarse, será la primera ejecución mediante un pelotón de fusilamiento realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945 y la primera ejecución militar en el país desde 1961.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la decisión de hacer pública la ejecución y sostuvo que la población debe comprender las consecuencias de cometer crímenes de esa gravedad. Sin embargo, el presidente Donald Trump expresó posteriormente dudas sobre la transmisión en vivo y afirmó que su administración todavía evaluaba ese aspecto, aunque reiteró que Hasan será ejecutado.

Condenado por la masacre de Fort Hood

Hasan, quien alcanzó el rango de mayor y trabajaba como psiquiatra militar, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en un centro de procesamiento de la base de Fort Hood. El ataque dejó 13 personas muertas y 32 heridas.

En agosto de 2013, un jurado militar lo declaró culpable y determinó que debía recibir la pena de muerte. Tras un prolongado proceso de apelaciones, el presidente Trump aprobó la sentencia el 2 de octubre de 2026 y el Ejército fijó la fecha de ejecución.

Naciones Unidas cuestiona la transmisión

La propuesta de televisar la ejecución provocó una reacción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió que difundir públicamente una ejecución puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, incompatible con las obligaciones internacionales de Estados Unidos. También surgieron críticas de dirigentes políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El caso abre un debate sobre la aplicación de la pena capital, la transparencia de los procedimientos militares y los límites éticos de convertir una ejecución en un acontecimiento público. Aunque el Ejército ya estableció la fecha, la transmisión todavía podría modificarse y eventuales recursos judiciales podrían retrasar el cumplimiento de la sentencia.