Ciudad de México.- El Gobierno capitalino propone destinar 5 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud a la atención de la salud mental y establecer un sistema de respuesta a emergencias psiquiátricas y relacionadas con el consumo de drogas, como parte de una reforma a la Ley de Salud que analiza el Congreso local.

La iniciativa busca coordinar a los servicios médicos prehospitalarios, las instituciones sanitarias, los cuerpos de seguridad ciudadana y las autoridades de Protección Civil para atender de manera oportuna a personas que atraviesen crisis de salud mental o situaciones asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.

El proyecto también contempla que las alcaldías asignen 10 por ciento de sus presupuestos destinados a servicios de difusión e información para financiar campañas de salud mental y prevención del consumo de drogas.

La propuesta responde a la prevalencia de problemas como la depresión y la ansiedad severa, cuyos síntomas afectan entre 12 y 17 por ciento de la población adulta de la capital. Aunque la Ciudad de México registra una tasa de suicidios baja en comparación con otras entidades del país, las autoridades reconocen una alta incidencia de conductas autolesivas e intentos de suicidio.

El plan pretende articular una red de atención que abarque desde las demarcaciones territoriales hasta las instituciones federales de salud. Entre los padecimientos considerados figuran la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el autismo, la demencia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como los trastornos psicóticos y bipolares.

Otro cambio propuesto consiste en transformar el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones, organismo que asumiría la coordinación de las políticas públicas relacionadas con estos padecimientos y el consumo de sustancias psicoactivas.

La nueva institución también tendría facultades para registrar, autorizar y verificar administrativamente los centros públicos y privados de atención integral, conocidos popularmente como anexos o granjas, además de imponer sanciones cuando corresponda.

La reforma plantea reforzar la prevención, ampliar la capacitación de los profesionales sanitarios y desarrollar programas comunitarios, con especial atención a jóvenes y poblaciones vulnerables, para facilitar el acceso a los servicios de salud mental.