Ciudad de México – El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un paquete de 11 reformas prioritarias para el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, entre las que destaca una iniciativa constitucional para limitar el acceso a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a personas que mantengan una segunda nacionalidad.

La agenda legislativa fue presentada este domingo ante la bancada de Morena durante su reunión plenaria en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la información expuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia, el paquete contempla también la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, además de modificaciones a 19 leyes y dos nuevas legislaciones relacionadas con el combate a la corrupción y la impunidad.

En materia de seguridad y justicia, el Ejecutivo acompañará una propuesta para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, elaborada con participación de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. El objetivo es agilizar los procesos y atender, entre otros casos, la situación de personas privadas de la libertad cuyos procedimientos llevan años sin resolverse.

Otro de los puntos centrales será una legislación para homologar el delito de feminicidio en el país y una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

La reforma sobre doble nacionalidad ya fue enviada por Sheinbaum al Congreso. Plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.

La propuesta también contempla que, durante el ejercicio del cargo, los funcionarios no puedan adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.

Sheinbaum argumentó que la medida busca garantizar que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país tengan como prioridad el interés y la soberanía de México.

La iniciativa, sin embargo, aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso, por lo que sus disposiciones todavía no forman parte de la legislación vigente.