Ciudad de México – Durante su participación en el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el sector privado una ambiciosa cartera de proyectos de inversión pública y mixta que alcanzará los 8 billones 400 mil millones de pesos para los próximos cuatro años de su administración.

Ante la cúpula empresarial, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que se trata de una cifra sin precedentes en la historia reciente del país, impulsada por un esquema de trabajo coordinado entre el Gobierno de la República y el capital privado.

El plan estratégico presentado contempla un amplio abanico de sectores prioritarios para el desarrollo económico e infraestructura nacional.

Destaca una asignación aproximada de 3 billones de pesos destinados al programa Viviendas para el Bienestar y a la detonación del sector inmobiliario formal.

En el ámbito energético, el plan incluye 2 billones de pesos para fortalecer el modelo operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo marcos constitucionales de participación mixta, además de 794 mil 109 millones de pesos enfocados en la generación de energía eléctrica y 140 mil 905 millones de pesos para el desarrollo de gasoductos.

Asimismo, la cartera comprende 180 mil millones de pesos para proyectos hídricos estratégicos, sumados a importantes desembolsos en la red carretera, la expansión de los trenes de pasajeros, el desarrollo del Tren Maya de carga, el fortalecimiento del Tren Interoceánico y la modernización de recintos portuarios. El proyecto incorpora además el impulso a la petroquímica, la producción de fertilizantes y el desarrollo tecnológico con la creación de una supercomputadora.

Para dar celeridad a la ejecución de estos capitales, la mandataria garantizó mecanismos de agilización de trámites mediante una ventanilla única en la oficina de la Presidencia, asegurando que las solicitudes de inversión contarán con un plazo de resolución de 60 días.

Sheinbaum enfatizó que este paquete no limita la totalidad de las inversiones privadas que puedan sumarse, reiterando el compromiso de su gobierno con la certidumbre jurídica, el desarrollo regional y la sostenibilidad fiscal de la economía mexicana.