CIUDAD DE MÉXICO.– La discusión sobre la nueva Ley de Aguas entró de lleno en su fase decisiva luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantaran que el dictamen será votado la próxima semana. Aunque los encuentros con agricultores continuarán, la presidenta insistió en que la esencia de la propuesta presidencial no será modificada.

Monreal Ávila  explicó que el dictamen estaba programado para circular desde el lunes, pero se decidió ampliar los diálogos con campesinos, comuneros, empresarios y mineros a fin de atender preocupaciones sobre el alcance de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El legislador indicó que las reuniones, encabezadas por el senador Gabriel García, han permitido revisar con detalle las inquietudes para definir qué propuestas pueden incorporarse.

Desde el inicio de la semana, Monreal ha sostenido encuentros con productores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Tras cerrar este proceso, anticipó que el dictamen podría liberarse en las próximas horas, respetando los cinco días reglamentarios previos a su discusión en comisiones y posterior debate en el pleno.

Entre las principales preocupaciones expuestas por organizaciones del campo están el temor a perder derechos de uso de agua en sus tierras, la posible reducción de volúmenes asignados y la afectación a la transmisión de propiedades ligadas a recursos hídricos. También se plantearon inquietudes sobre los impactos en créditos agrícolas, trámites de regularización y el cambio de uso del agua de agrícola a industrial.

A solicitud de agrupaciones civiles, se prevé que la Ley General de Aguas incorpore una definición explícita del derecho humano al agua e incluso propuestas que buscan prohibir en la Constitución la privatización del recurso mediante concesiones a empresas encargadas de administrarlo en regiones y municipios.

No obstante, este viernes la presidenta sostuvo que la esencia de la ley permanecerá intacta. Desde Palacio Nacional, reiteró que el agua “es un derecho, no un privilegio”, y que la nueva regulación busca evitar el acaparamiento por parte de particulares que la comercializan para fines privados.

La mandataria federal también precisó que en las mesas instaladas en Gobernación se aclararon puntos que habían generado confusión entre productores, incluyendo disposiciones que no formaban parte del texto original y que fueron ajustadas para ofrecer certidumbre. Asimismo, sostuvo que la iniciativa contempla límites estrictos a descargas contaminantes de actividades mineras, tema que también generó demandas durante las reuniones recientes.