MORELIA, MICHOACÁN.- El ex director general del Colegio de Bachilleres de Michoacán (Cobaem), Gaspar N, fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, debido al presunto desvío de recursos públicos que habría generado un daño patrimonial inicial de 107 millones 747 mil pesos. No obstante, auditorías internas revelan que las irregularidades acumuladas durante su gestión podrían ascender a mil 309 millones de pesos, una cifra que exhibe la magnitud de la crisis financiera en la institución. La keyphrase desvío millonario en el Cobaem aparece de manera reiterada en las investigaciones oficiales y en los señalamientos de autoridades educativas.

Según datos de prueba presentados por la Fiscalía estatal, entre abril y diciembre de 2020 el entonces funcionario incumplió con la obligación de transferir al Servicio de Administración Tributaria el ISR retenido a trabajadores del Cobaem. Los recursos etiquetados para ese fin habrían sido utilizados para otros conceptos, lo que generó un quebranto directo para el organismo educativo. Tras integrar la carpeta de investigación, Gaspar N fue citado ante un juez de control que determinó su vinculación a proceso e impuso medidas cautelares, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La situación financiera del Colegio de Bachilleres ya había sido advertida desde 2022, cuando la entonces directora general, Teresa Mora Covarrubias, presentó tres denuncias penales por un presunto desvío de alrededor de 174 millones de pesos. Desde su llegada al cargo sostuvo que detectó desorden administrativo, pagos improcedentes y un uso irregular de recursos destinados al ISSSTE, al Sistema de Ahorro para el Retiro y a la Secretaría de Hacienda. La funcionaria señaló que estos fondos fueron desviados para cubrir prestaciones, lo cual profundizó la fragilidad financiera de la institución.

Mora Covarrubias también señaló que el desvío millonario en el Cobaem tuvo origen en “convenios ilógicos” firmados entre 2017 y 2021, que beneficiaron a alrededor de 300 allegados al sindicato encabezado por el propio Gaspar N, cuando fungía como líder sindical antes de convertirse en director general. Este esquema provocó que la deuda institucional creciera cada año: 74 millones de pesos en 2017, 85 millones en 2018, 220 millones en 2020, 622 millones en 2021 y otros 210 millones acumulados en 2022, para sumar un total estimado de mil 309 millones de pesos.

La entonces directora también reveló profundas desigualdades laborales. Mientras la mayoría de los trabajadores percibía entre 6 mil 500 y 9 mil pesos mensuales, un grupo de más de 400 personas —integrado por dirigentes sindicales, familiares y recomendados— recibía entre 40 mil y 73 mil pesos al mes, lo cual absorbía cerca del 12 por ciento del presupuesto total anual del Cobaem. Esta estructura salarial, apuntó, contribuyó al deterioro financiero y a la incapacidad para cumplir con obligaciones fiscales y administrativas.

El caso avanza ahora en sede judicial, donde se revisará la responsabilidad del ex funcionario y el alcance real del daño patrimonial. Autoridades estatales anticipan nuevas acciones legales para esclarecer el destino de los recursos y determinar posibles responsabilidades adicionales.